Chile vota en las elecciones generales más inciertas y cruciales de su historia reciente. El país acude a sus primeros comicios generales, tras el estallido social de 2019 que impulsó cambios trascendentales.
El próximo Gobierno, que reemplazará al Ejecutivo de Sebastián Piñera, se enfrentará a una delgada línea entre el mantenimiento de los avances políticos y económicos de la nación y los cambios exigidos por la población en los últimos años.
Los ciudadanos eligen este 21 de noviembre, tanto a un nuevo presidente, como a nuevos miembros del Congreso y consejos regionales.
Para ocupar el Palacio de la Moneda, alguno de los siete candidatos que se postulan este año deberá obtener más del 50% de los votos. De lo contrario, habrá segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, una opción que no se descarta debido a que las encuestas coinciden en que ninguno de los postulantes superaría el margen necesario para declararse ganador en un primer balotaje.
No obstante, hay quienes resaltan que los sondeos podrían no acertar. Los ciudadanos emitirán su voto en un país con heridas aún abiertas y con sed de soluciones y cambios. La que fuera considerada una de las naciones más estables y de mayor prosperidad en América Latina fue sacudida por una ola de violentas movilizaciones hace dos años, que dejó alrededor de 30 personas muertas, miles de heridos y graves denuncias contra la fuerza pública por violación a los derechos humanos.
«En los últimos 30 años, tuvimos siete elecciones presidenciales aburridas, pero Chile dejó de ser un país predecible y ahora estamos sumidos en la máxima incertidumbre», aseguró Raúl Elgueta, experto en ciencias políticas de la Universidad de Santiago.
Los candidatos con más opciones
Hay siete candidatos presidenciales y aunque no hay un claro favorito, dos aparecen en la esfera política como los que más opciones tienen.
Como reflejo de la reciente agitación de Chile y de la política cada vez más polarizada de América del Sur, los dos principales representan visiones de gran contraste.
Se trata del excongresista y ultraderechista de 55 años, José Antonio Kast, y Gabriel Boric, de 35 años, un exlíder estudiante que se postula por una coalición de izquierda.
Boric aboga por ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar similar al de Europa. Creció en la vasta región de la Patagonia donde se asentaron sus antepasados croatas y saltó a la fama como líder de las protestas hace una década que exigían una educación de mayor calidad y menos costosa.
Como un grupo de otros estudiantes activistas, fue elegido para el Congreso en 2014. Tras captar la atención por su vestimenta informal y tatuajes, rechazó las críticas de que estaba despreciando el protocolo, y las llamó «una herramienta de las élites para distinguirse de la gente baja».
A la cabeza del Frente Amplio, que lidera, una coalición izquierdista del mismo nombre en Uruguay, ha propuesto aumentar los impuestos corporativos, algunos de los más bajos de la región, para pagar la expansión de los servicios públicos y la protección del medio ambiente.
Asimismo, señala que pretende eliminar el sistema de pensiones privatizado de Chile, un sello distintivo de los años del exdictador Augusto Pinochet que los sucesivos gobiernos democráticos se mostraron reacios a tocar, pese a la creciente evidencia de que el plan financiado solo por empleados deja a masas de ciudadanos de la clase trabajadora sin los suficientes fondos para jubilarse.
En la otra cara de la moneda, el derechista Kast busca reducir el papel del Estado, así como prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y vetar todas las formas de aborto.
El político de 55 años es hijo de un alemán que sirvió en el Ejército de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y emigró a Chile en la década de 1950.
El aspirante presidencial se ha mostrado abiertamente como admirador del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro.
Desde su recién formado Partido Republicano busca reducir los impuestos corporativos y la burocracia gubernamental.
Kast ha emprendido una campaña enarbolando fehacientemente los mensajes de ley y orden que han avivado las divisiones sobre temas sociales como el aborto y los derechos de la comunidad LGBTI, la inmigración y el papel de la religión en las escuelas.
Los expertos políticos indican que, en caso de ser elegido presidente, Kast podría chocar con la asamblea de izquierda que adelanta el proceso de redacción de la nueva Constitución del país.
Pero en el pulso por ocupar la Presidencia chilena, los dos aspirantes intentaron restar importancia al radicalismo con la esperanza de atraer votantes moderados que constituyen el grueso del electorado.
Las demandas más fuertes
Algunas de las demandas más fuertes han surgido de la ira por los pagos de jubilación considerados insignificantes y que los críticos atribuyen al sistema de pensiones altamente privatizado de Chile.
Otros reclaman contra los altos costos de la educación privada y las brechas entre los servicios de salud públicos y privados.
Por otra parte, muchos chilenos apoyan las políticas de libre mercado que impulsaron al país rico en cobre a décadas de crecimiento y lo convirtieron en un bastión de relativa estabilidad económica en la volátil América Latina. Pero un número creciente quiere cambios para abordar las profundas desigualdades.
Los votantes más conservadores, por su parte, cuestionan asuntos como el aumento de la inmigración.
Y hay quienes exigen “más seguridad”. «Quiero que mi país recupere la paz que había hace dos años. Todos los países necesitan cambios, pero hay que hacerlos de manera pacífica», dijo a EFE Mauricio Lagos, para quien el llamado estallido social fue «demasiado violento».
Paralelamente, existen preocupaciones sobre presuntos abusos del uso de la fuerza por los enfrentamientos violentos entre la Policía y los grupos indígenas mapuche en el sur del país.
«Con tantos problemas, los candidatos tienen que ofrecer soluciones que son drásticas y por eso tenemos dos candidatos líderes que son bastante extremos», indicó Kenneth Bunker, director de la consultora política Tresquintos.
Gane quien gane la Presidencia también tendrá que manejar un referéndum para aprobar o rechazar el texto de la nueva Carta Magna durante su primer año de Gobierno, considerado uno de los pasos más trascendentales que escribirá una nueva página en la historia chilena.
