Acabar con el polémico sistema de pensiones chileno, pionero en la capitalización individual y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, fue una de las promesas de campaña de Gabriel Boric.
Hoy, el presidente presenta un plan para hacerlo realidad, en un nuevo intento después de los tantos fallidos a lo largo de los años para reformar ese sistema.
En un discurso televisado, el presidente chileno dijo que planea reemplazar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un nuevo sistema de seguridad social público-privado que tendría nuevas contribuciones de los empleadores y el Estado.
Al advertir que a las AFP no les queda ningún futuro con la reforma propuesta, el mandatario agregó que, aunque las nuevas entidades privadas podrán invertir en fondos de pensiones, también habrá una alternativa pública.
«Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores», aclaró.
En concreto, la iniciativa contempla la creación de un modelo mixto con un aumento de la cotización del 10% al 16%, con la posibilidad de que el Estado gestione parte de los fondos, una idea que para la oposición “terminará destruyendo el sistema de pensiones”.
Un sistema polémico que sirvió de ejemplo en la región
El actual sistema de pensiones chileno data de la dictadura de Augusto Pinochet y es financiado únicamente por los trabajadores.
Cada empleado formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años en el caso de las mujeres y 65 años para los hombres), la cual es manejada por una de las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existen.
El plan propuesto por Boric mantendría las contribuciones individuales y aumentaría gradualmente las patronales hasta llegar al 6%, para un 16% en total. El Estado también contribuiría con cierta cantidad.
La reforma de las pensiones fue una exigencia clave del estallido social de 2019 que sacudió a la nación y, meses después, durante la pandemia, los retiros de fondos tramitados por el Gobierno de Sebastián Piñera ayudaron a mitigar el impacto económico de la emergencia, drenando miles de millones de dólares del sistema.
En Chile, el 72% de las pensiones está por debajo del salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión por debajo de la línea de pobreza, al tiempo que las AFP tienen grandes ganancias, según el presidente chileno.
La propuesta de Boric ahora debe abrirse camino en ambas cámaras del Congreso, donde la coalición gobernante no tiene mayoría.
