Se cumple casi un mes desde el inicio del estallido social en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó este martes su preocupación por la “grave crisis que enfrenta Colombia” y condenó las violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril.
La Comisión urgió al Estado colombiano a mantener los estándares de libertad de expresión y medir el uso de la fuerza contra los manifestantes, así como permitir la visita de observación al país, que hasta ahora el Gobierno mantiene en retraso. Este martes, Carlos Camargo, el defensor del pueblo de Colombia, mantuvo una audiencia virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para exponer la situación del país tras el rechazo del Gobierno a la visita de organismos internacionales.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo este lunes que se debe esperar a que concluyan las investigaciones sobre las protestas y denuncias de exceso de fuerza contra manifestantes de los organismos locales en su país, antes de autorizar el arribo de las misiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que han dejado al menos 43 fallecidos, pero hoy especificó que decidirá la fecha a finales de junio.
Ramírez declaró en Washington que están anuentes a la visita de la comisión al país pero que definirán la fecha una vez concluida la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia que la CIDH convocó para el 29 de junio. «Lo que acordamos ayer es que tan pronto pase esa audiencia, están bienvenidos a Colombia», mencionó Ramírez.
En un comunicado emitido hoy, la CIDH dijo que, según información recibida de parte del Gobierno de Colombia, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios de Colombia, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. La entidad alerta que, del total de manifestaciones, al menos en 1.038 protestas se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales “como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.
Según la CIDH, 979 civiles resultaron heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares. La entidad denunció que se “estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que genera impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas”.
Surgen manifestaciones en contra de los bloqueos
En Cali, departamento del Valle del Cauca, al menos 5.000 personas salieron a las calles -según reportan medios locales- vestidas con camisetas blancas y portando banderas de Colombia, solicitando el fin de los bloqueos que mantienen los manifestantes. La denominada «Marcha del silencio» fue convocada por diversos sectores, aunque no contó con el mismo nivel de convocatoria de las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque, es la primera vez que un grupo de esas magnitudes aparece apoyando el el fin de las protestas.
«Queremos manifestarnos de manera pacífica pidiendo que no nos bloqueen más la ciudad, que no generen más violencia, que no generen más división (…) simplemente queremos poder trabajar, generar empleo», contó uno de los participantes de esta marcha que pide el retorno a la normalidad y el cese de los bloqueos que según los comerciantes mantiene en desabastecimiento esta ciudad, protagonista de focos de violencia.
«Necesitamos que el presidente escuche a los jóvenes y sus demandas para que se terminen estos bloqueos. Son bloqueos ilegales que nos impiden exportar bienes o enviar nuestros productos a otras partes de Colombia», comentó Ana María Arias, que se identificó como trabajadora por cuenta propia.
La marcha bajo el lema «Cali somos todos» partió desde el Boulevard del Río hasta la plazoleta Jairo Varela, donde queda la Alcaldía. Allí jóvenes, empresarios, artistas y ciudadanos que participaron de la manifestación se fotografiaron con policías y evidenciaron su apoyo a la militarización de las ciudades que ha impuesto el Gobierno y el desbloqueo de las carreteras, un método en al que los manifestantes han recurrido para afectar las finanzas gubernamentales.
«No hemos podido sacar alimentos fuera de la ciudad; no hemos vendido nuestra mercancía, la gasolina es muy cara. Estamos pasando por escasez de alimentos, los alimentos y las medicinas no pueden pasar por la carretera Panamericana, esta es una situación de emergencia», demandó Cesar Gutiérrez durante la marcha.
En Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, hay varios bloqueos de carreteras que se han instalado en varias zonas productivas y donde se han producido enfrentamientos mortales con la Policía. Para los manifestantes es una forma de mantener alejada a la Policía y presionar al Gobierno para que cumpla con sus demandas, que incluyen una reforma policial y mejoras sociales.
«Sabemos que estos bloqueos afectan a las empresas. Y allí también afectan al Gobierno. Si no hay producción y las empresas pierden dinero, eventualmente tiene un impacto en la cantidad de dineros que el Gobierno recibe», dijo un manifestante que lleva varias semanas apostado en una de estas improvisadas barricadas.
Alcaldesa de Bogotá expresa su apoyo a los manifestantes
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reapareció en público tras dos semanas de recuperarse del Covid-19 y en su primera comparecencia legitimó a los manifestantes. Al inicio de las protestas la mandataria declaró que no comprendía la realización de manifestaciones masivas en tiempos de pandemia y reclamó que las movilizaciones eran un “un atentado a la vida”. Ayer, con tono reflexivo se sinceró diciendo que “la que no estaba comprendiendo era yo”.
López, quien ha estado al frente de la emergencia sanitaria en Bogotá, la capital del país, ofreció excusas “a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”. En su discurso público, dijo que en Colombia “no hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades. Hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley”
La alcaldesa anunció un programa de educación y empleo para jóvenes y mujeres, así como una renta básica para familias pobres de la ciudad. Un plan en el que su municipalidad pretende invertir 550 millones de dólares y que contrasta con la gestión del presidente Iván Duque, criticada por no solucionar el conflicto social tras casi un mes de protestas en el país.
Además de ponerse en sintonía con las demandas ciudadanas que detonaron las protestas, López prometió presentar las evidencias de exceso de la fuerza por parte de la Policía a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Ayer, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, defendió las actuaciones policiales durante un debate en el Congreso, donde fue acusado por senadores de ser el «responsable político» de la represión a las protestas que comenzaron el 28 de abril y que dejan al menos 43 fallecidos y 129 personas dadas como desaparecidas.
El Comité Nacional del Paro anunció una convocatoria a partir del miércoles 26 de mayo para una «toma de capitales» e instó a nuevas movilizaciones para presionar al Gobierno a cumplir sus demandas.
