La ciudad de Melilla, enclave español en el norte de África, vio durante la madrugada del viernes cómo un nuevo grupo de migrantes -de nacionalidad marroquí, según la agencia EFE – volvía a jugarse la vida al intentar saltar la valla de entre 6 y 10 metros de altura, coronada con concertinas cortantes, que separa el territorio español del de Marruecos.
Una treintena de estos migrantes consiguieron entrar a territorio español pese a la presencia del Ejército y de la Guardia Civil, fuerzas encargadas de la seguridad y el control migratorio de esta frontera exterior de la Unión Europea. Según informa la agencia española de noticias, los migrantes se encuentran bajo custodia de las autoridades españolas sin que por el momento se conozca su paradero, si bien señalan que ninguno de ellos estaría herido.
Este episodio de seis intentonas de cruce durante la noche cobra especial relevancia por ser la primera vez que un grupo tan numeroso de nacionalidad marroquí intenta cruzar la frontera de manera irregular. Hasta ahora, los migrantes solían proceder en su mayoría de países subsaharianos.
Esta nueva entrada se da tan solo cinco días después de que en torno a 8.000 migrantes irregulares cruzaran la frontera hacia el otro enclave español en el norte de África, la ciudad de Ceuta, a pie y a nado a través de la playa del Carajal, dejando imágenes de extenuación e impotencia cuando muchos de ellos fueron devueltos inmediatamente a territorio marroquí, una acción que, según el Gobierno de España, se permite por los acuerdos bilaterales de de migración de 1992 con el país norteafricano.
Hasta 6.000 migrantes devueltos
Las últimas informaciones oficiales del Gobierno de España apuntan que hasta 6.000 inmigrantes han sido devueltos a territorio marroquí tras haber cruzado a Ceuta. El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos permite el regreso de personas a Marruecos con un máximo de 40 cada dos horas. Las autoridades españolas se centran también en la atención de más de 800 menores.
Según la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ de España, también conocida como ‘Ley Mordaza’, están permitidas las denominadas “devoluciones en caliente” – devolución de los migrantes al territorio por el que entraron nada más pisar suelo español sin atender el derecho a petición de asilo-, salvo en el caso de menores o colectivos vulnerables como ancianos o embarazadas, una ley que fue refrendada por el Tribunal Constitucional español en noviembre de 2020.
Sin embargo, organizaciones como Save the Children hicieron eco de imágenes de supuestas devoluciones de menores y recordaron al Ejecutivo español la ilegalidad de dichos actos. Este viernes la organización lanzó un comunicado al respecto.
“Ante el anuncio por parte del Gobierno de España de la agilización de los protocolos de repatriación de los niños y niñas marroquíes que han cruzado a Ceuta para reunirlos con sus familias en origen, Save the Children recuerda que es esencial que estas reagrupaciones y retornos se hagan siguiendo una evaluación del interés superior de cada menor y no de manera automática”, afirma la organización.
Borrell insiste en que la frontera con Marruecos es europea
En declaraciones a la televisión pública española, TVE, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrel, aseguró que “España no está sola”, que la frontera de España es la frontera de la Unión Europea, que se movilizará “para ayudarla igual que lo hizo con Grecia hace pocos meses”.
En la entrevista abogó porque la Unión cree un paquete de medidas que ayude a regular una migración que denominó como necesaria, porque de lo contrario tendrá “un bache demográfico” debido a las bajas tasas de natalidad. En su discurso habló también de evitar los flujos migratorios “que están controlados y manipulados”.
Estos episodios de entrada de migrantes irregulares a España responden a los flujos de migración desde África hacia Europa, pero también a un chantaje de Marruecos a su país vecino por la acogida del líder del frente polisario, Brahim Ghali, en un hospital español para ser tratado de Covid-19.
La respuesta del Ejecutivo español ha sido la acelerar una partida de 30 millones de euros a Marruecos para que refuerce el despliegue policial en su frontera para controlar el flujo migratorio. Un gesto que se enmarca dentro de la política de la UE de externalización del control de sus fronteras, como ocurre en otros países como Libia o Turquía.
