No cesa la controversia en Colombia en relación a la migración venezolana en el país. Esta vez fue provocada por las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quién volvió a relacionar a los ciudadanos venezolanos con el aumento de criminalidad en la capital colombiana. Sus declaraciones se dan tras el asesinato de un policía en un tiroteo al norte de la ciudad a manos, presuntamente, de ciudadanos venezolanos.
«No es la primera vez desafortunadamente que tenemos actos muy violentos de inmigrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos», afirmó la mandataria el jueves 11 de marzo ante la prensa.
«Yo respeto profundamente las políticas del Gobierno nacional, pero los colombianos necesitamos garantías», añadió en referencia al Estatuto de Protección Temporal a migrantes venezolanos anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del país, Iván Duque.
«No es la primera vez que esto nos ocurre. Ustedes recuerdan que en el caso de Transmilenio, de Osvaldo (Muñoz), también fue un migrante venezolano el que terminó asesinando a Osvaldo (Muñoz) por hurtar un celular». «A los venezolanos todo se les ofrece, ¿qué garantías tenemos los colombianos?», cuestionó la mandataria, quien hizo referencia al caso de un usuario del sistema masivo de transporte de la ciudad, Transmilenio, quien fue asesinado a finales de octubre del año pasado cuando viajaba en uno de los buses.
Bogotá prohibirá los parrilleros a los domiciliarios
La controversia en Bogotá siguió este viernes con el anuncio de nuevas medidas que la Alcaldía promoverá para intentar atajar la inseguridad. Sin embargo, estas directrices han sido atacadas por la oposición por considerar que siguen ahondando en la estigmatización de los venezolanos en el país.
Entre las medidas anunciadas destaca la prohibición de los parrilleros en las motos que reparten domicilios. “Cada vez tenemos más casos de delincuentes que se disfrazan de domiciliarios para cometer delitos, por eso vamos a imponer por decreto ciertos controles y regulaciones que cualquier empresa que provea este servicio debe cumplir”, anunció la mandataria.
“A todo vehículo que se use para la actividad de domicilios vamos a imponerle que tenga una identificación, que sepamos la empresa, nombre y número con el que esa persona está identificada para verificar en los puestos de control”, añadió junto a la decisión de obligar a las empresas de domicilios a que cuenten con “espacios privados donde se ubique su personal». «No vamos a seguir permitiendo la invasión y aglomeración en el espacio público de este servicio», dijo López, en referencia a los habituales grupos de domiciliarios que se reúnen fuera de centros comerciales a la espera de pedidos.
Asimismo anunció que «Ejército y Policía Nacional van a tener 30 puestos más de patrullaje, control y requisa» dentro de la ciudad. Estas medidas preocupan a muchos migrantes venezolanos, que se ven señalados como potenciales delincuentes al ser ellos mayoría entre quienes se dedican a los trabajos de reparto de comida a domicilio.
«Es incómodo sentir que la gente te mire discriminándote»
No es difícil escuchar acentos venezolanos entre los repartidores de domicilios que diariamente esperan a repartir los pedidos en barrios acomodados de Bogotá. Entre pedido y pedido, pasan las horas en grupo, hablando con sus compañeros. Preguntados por France 24 a cerca de la polémica desatada por la alcaldesa, un grupo de jóvenes domiciliarios lamentan los anuncios de la Alcaldía. “Son compatriotas”, aseguran.
«Muchos venimos para acá a superarnos, a cambiar la vida que nosotros llevábamos en Venezuela”, afirma vehemente Carlos Hernández, un joven venezolano que recalca que «son unos pocos las personas que vienen acá a dañar la imagen del venezolano, que eso nos daña a nosotros nuestro trabajo porque ya la gente nos ve feo y los policías nos miran mal».
«Acá la policía nos corre y nosotros estamos trabajando. Imagínate, yo salí a las 6 de la mañana y llevo 12.000 pesos. Entonces tengo que matarme para ganarme 30.000 pesos para que alguien venga a dañarme la imagen y no me parece justo», cuenta con tono resignado.
A su lado, el resto de personas del grupo apoya las palabras de su compañero mientras asiente con la cabeza. «Ya de por sí es incómodo sentir que la gente te mira discriminándote sin realmente uno ser delincuente», añade Brainer Claro. «Está bien que tomen las medidas de precaución si ven dos domiciliarios en una moto, que los revisen, que estén más atentos», afirma en referencia a las medidas anunciadas minutos antes por Claudia López.
«Y si una persona comete un delito, que lo agarren y lo metan preso, no que lo manden para su país, porque se vuelve de nuevo», prosigue. Preguntados sobre la xenofobia, ninguno de ellos afirma haber vivido una situación grave. «Ahora, después de eso que pasó vamos a ver si se pone peor, porque sí hay gente que sabe que uno está trabajando, pero otros nos ven a todos como delincuentes», responde Brainer.
Duras reacciones en Colombia y de la oposición venezolana
Las palabras de la alcaldesa han recogido duras críticas por parte de sus adversarios políticos, quienes afirman que López recurre a la xenofobia para evadir responsabilidades. «Van 15 meses de Administración y siempre es culpa de alguien más. Nunca de una Administración que solo pudo mostrar resultados en seguridad porque tuvo la ciudad cerrada buena parte del año», afirmó en su cuenta de Twitter el concejal Carlos F. Galán.
«Ante dramática caída en las encuestas, Claudia López insiste en apelar a la demagogia para exacerbar el odio y la xenofobia, para que la gente olvide que el problema no es la nacionalidad de los delincuentes sino que su política de seguridad es un total fracaso. Qué vergüenza!», añadió Galán en otro tweet.
Lejos de matizar sus palabras, la alcaldesa apeló en Twitter a «la hipocresía política desde la comodidad del sueldo, Zoom y Twitter mientras los ciudadanos padecen en las calles ataques de algunos migrantes venezolanos muy violentos». «Y por denunciar esa realidad y enfrentarla, además insultan a los bogotanos y colombianos como xenófobos».
Sin embargo, las críticas vinieron también desde las filas de su propio partido, el Partido Verde. La representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, afirmó en la misma red social que «señalar la nacionalidad de quien comete un delito es un error gravísimo, no es efectivo para combatir la inseguridad y puede alentar la xenofobia».
Lo cierto es que estas declaraciones de la alcaldesa contradicen el discurso que ella misma sostenía durante la campaña electoral de 2019. «En Bogotá vamos a desaprender todas las formas de discriminación, entre ellas la xenofobia. No hemos usado ni usaremos la tragedia humanitaria del desplazamiento para sembrar odios ni estigmatizar al migrante», señalaba en Twitter el 18 de octubre de 2019.
