Desde el pasado 1 de enero los ciudadanos descontentos están en completa libertad de impulsar procesos de revocatoria del mandato en contra de alcaldes y gobernadores en todo el territorio colombiano.
Hasta el momento, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido siete solicitudes de diferentes partes del país, encaminadas a sacar de sus cargos a algunos mandatarios locales.
Según la información suministrada por el CNE, dichas solicitudes de revocatoria las encabeza Medellín, en contra del alcalde Daniel Quintero y la ciudad de Bogotá, en contra de la alcaldesa Claudia López.
Sin embargo, también se han presentado peticiones para adelantar estos procesos en Jamundí (Valle del Cauca) en contra del alcalde Andrés Felipe Ramírez y en Cúcuta (Norte de Santander), en contra de su alcalde Jairo Román Yáñez.
Además, se han radicado solicitudes de revocatoria en contra del alcalde de Morales (Bolívar), Neguib Antonio Elajt Barrios; contra el alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Antonio Mansalva y el de Bojayá (Chocó), Edilfredo Machado Valencia.
Pese a que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, había anunciado que se solicitaría la revocatoria del mandato del burgomaestre de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, la misma aún no ha sido formalmente radicada ante el organismo rector.
«No politizar estas iniciáticas ciudadanas«
Varios líderes políticos se han pronunciado sobre estas iniciativas y han dicho que no participarán de las revocatorias.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que éstas deben ser iniciativas ciudadanas y no partidistas, por lo que afirmó que el Centro Democrático no respaldará ninguno de estos procesos.
Según Uribe, la colectividad “no participa en revocatorias porque este instrumento de la democracia debe ser más cívico que partidista y en este momento se corre el riesgo de rutinizarlo”.
Lo mismo señaló el senador Gustavo Petro, quien dijo que Colombia Humana no apoyará las revocatorias de Bogotá, Medellín y Cúcuta, teniendo en cuenta que muchas de estas propuestas están siendo impulsadas por dirigentes políticos corruptos que perdieron las elecciones.
Tras recibir estas solicitudes, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar unas audiencias públicas para escuchar a las partes involucradas en los procesos de revocatoria y si las mismas son avaladas, posteriormente se procederá con la recolección de firmas por parte de los comités promotores.
