El Congreso avanza en un proyecto de ley que busca agilizar los trámites para desarrollar energías limpias. La iniciativa propone una licencia ambiental diferenciada que reduciría tiempos y facilitaría la transición energética, generando debate sobre su viabilidad técnica y ambiental.
El Congreso de Colombia avanza en el estudio de un proyecto de ley que busca acelerar el desarrollo de iniciativas de energías limpias en el país. La propuesta, que ya superó su segundo debate en el Senado el pasado 4 de junio de 2025, plantea la creación de una licencia ambiental diferenciada para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), así como para obras de transmisión eléctrica y transporte de gas por gasoducto.
El objetivo central es reducir los tiempos de trámite sin debilitar los mecanismos de evaluación ambiental. Según el texto del proyecto, el proceso iniciaría con la radicación de la solicitud y, en los cinco días hábiles siguientes, la autoridad ambiental verificaría el cumplimiento de requisitos. Luego, podría convocar una reunión única para solicitar información adicional, la cual deberá ser respondida en un plazo de 15 días hábiles. Finalmente, la autoridad tendría otros 15 días para emitir la resolución definitiva. En total, el trámite podría resolverse en menos de 40 días hábiles.
Actualmente, los tiempos para obtener una licencia ambiental en Colombia pueden extenderse por varios meses, debido a requerimientos técnicos, consultas previas y audiencias públicas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene plazos de hasta 90 días hábiles para nuevos proyectos, según el Decreto 1076 de 2015.
El proyecto, liderado por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo, también propone excluir del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) el tendido de nuevas líneas del Sistema de Transmisión Nacional (STN) asociadas a proyectos renovables, siempre que no superen los 30 kilómetros ni se superpongan con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
Esta iniciativa representa un paso clave en la transición energética de Colombia, aunque expertos advierten que su viabilidad dependerá de garantizar rigurosidad técnica y participación ciudadana en los procesos.
