Por: Ludwing Mantilla Castro/ En materia de conflictos ambientales, es evidente que en nuestro país existen diversas problemáticas que ponen en riesgo los recursos naturales. Por nombrar algunos ejemplos está la delimitación de páramos, contaminación en los afluentes hídricos (que en muchos casos es debido a la falta de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-), problemas con los rellenos sanitarios, entre otros.
Hasta el momento no existen en Colombia leyes rigurosas que disminuyan la problemática ambiental y contribuyan a establecer la obligación del sector público y privado en la protección de los recursos naturales. Por lo anterior, es necesario pensar la creación de la jurisdicción ambiental, en la cual los jueces tendrán competencia para establecer responsabilidad ambiental en las afectaciones a los recursos naturales, acciones constitucionales que se relacionen con la conservación y cuidado ambiental; entre otros temas, que pueden ser tratados por medio de esta jurisdicción, contribuyendo a entablar acciones eficientes para la protección del ambiente.
El mes pasado, tuve la oportunidad de viajar al país de Costa Rica (conocido por sus grandes avances en materia de protección ambiental), a representar a Colombia ante la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, en el 16° Encuentro Internacional de Derecho Ambiental; allí pude radicar, como lo he hecho en cerca de 37 países y organizaciones del mundo, la propuesta de creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental, iniciativa que tuvo el respaldo de Liga, quienes se comprometieron a llevar el proyecto ante el Gobierno costarricense, para lograr que la propuesta sea una realidad y se pueda dar el primer paso en la lucha por fortalecer los ordenamientos jurídicos internos en la materia.
Con esta propuesta se busca proteger y garantizar el derecho humano a gozar de un ambiente sano; derecho que todo Gobierno debe asegurar sin que el pueblo tenga que exigirlo. Con la aprobación de la Liga queda claro que se reconoce que se necesitan más leyes que piensen y aseguren estrategias para la conservación y protección del ambiente. Este respaldo, es sin duda, un gran avance y un llamado para que en países tan ricos culturalmente, como Colombia, se refuerce la normatividad para proteger el ambiente y la vida.
En el caso colombiano, se evidencia desactualización en las leyes ambientales; ejemplo de ello es el Código de Recursos Naturales Renovables, el cual es expedido en el año 1974. Con esto se evidencia la existencia de regulaciones derogadas e inaplicables a la realidad actual del país y con ello, la necesidad de consolidar y actualizar la normatividad ambiental, creando una entidad jurídica que pueda dar trámite en debida forma a la normatividad en materia ambiental.
Es evidente, que el país en la última década, ha dado avances importantes, en materia de protección ambiental, sentencias como la del Río Bogotá, el reconocimiento de la autonomía municipal para decidir sobre la prohibición de proyectos mineros en el territorio, reconocer como sujeto de derechos al río Atrato, entre otros; desarrolla la importancia del derecho ambiental al interior del ordenamiento jurídico colombiano y con ello, la necesidad de que exista en el sistema jurídico, una jurisdicción ambiental especializada, que contribuirá a dar solución a los conflictos que se evidencian y generar sanciones y responsabilidades, que permitan reforzar el activismo ambiental y el empoderamiento social en la materia. Siendo necesario señalar, que ha llegado la hora de constituir la jurisdicción ambiental en Colombia, contando ésta con jueces y tribunales especializados en la materia.
Avancemos en la implementación de la jurisdicción ambiental y seamos ejemplo para lograr la consolidación de la legislación en la materia, estableciendo normatividad para la conservación, cuidado y protección de los recursos naturales.
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