Por: Ruby Stella Morales Sierra/ El devenir humano debería transcurrir en forma de espiral y no cíclica. Así nos evitaríamos que se repita una y otra vez el sufrimiento causado por el yugo del pago de impuestos desmesurados y ruinosos, obligados por gobiernos déspotas y corruptos hacia el pueblo empobrecido, que ha causado terribles revueltas, revoluciones violentas y levantamientos libertarios, de los que está plagada la historia nacional y mundial.
La reforma tributaria que presentó el impopular ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, del desafortunado gobierno de Iván Duque-Uribe, llega atravesada en el peor momento de una economía llevada al traste por la corrupción, el clientelismo, la mermelada más descarada y el desastre originado por la pandemia Covid-19 desde hace más de un año.
A excepción de los doblegados seguidores del régimen, la mayoría de analistas y del ciudadano del común, encuentra la reforma tributaria inoportuna, injusta, inequitativa, desbordada y ruinosa.
Razones por las que se ha levantado el pueblo colombiano, con el agravante que también transitamos por el abismo de la terrible pandemia, sin fecha definida para terminar la vacunación masiva ni inmunidad colectiva, que le ha arrebatado la vida a unas 74.000 víctimas e infectado alrededor de 3 millones de colombianos.
“Si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia…es porque su gobierno es más peligroso que un virus”, expresa esta idea que se hizo popular en las redes sociales y en las marchas. La gente se unió al paro y a las multitudinarias protestas, pese al riesgo del contagio. “O nos morimos de hambre o nos morimos de Covid”.
La chispa comunera
En el ciclo de protestas populares, evocamos que fue en estas tierras comuneras, cuando el 16 de marzo de 1781, en la provincia del Socorro, Santander, la ventera revolucionaria, Manuela Beltrán rompió el edicto del Ayuntamiento de El Socorro que fijaba el impuesto de Armada y Barlovento, con el que el virreinato de la Nueva Granada exigía nuevos impuestos al pueblo. La heroína comunera proclamó: “viva el Rey y muera el mal gobierno”. Hoy, las multitudes entonan: “Chao, chao, Duque, chao…”
En plena luna llena del 28 de abril y en medio del feroz tercer pico de pandemia Covid-19, el pueblo colombiano indignado, también arrancó el edicto de los impuestos y salió a la calle en protesta contra la reforma tributaria lanzada por el gobierno, que ha sido rechazada.
Se elevan las voces contra ‘el mal gobierno’ que no intenta siquiera emprender la cruzada para frenar el robo de los $50 billones anuales que se atraganta la corrupción oficial del presupuesto en 2021 de $313,9 billones. El robo de recursos públicos es el hoyo negro intocable, la caja mayor fácil de la clase corrupta que ha sostenido al mismo gobierno durante las últimas décadas.
Aunque debería ser total, con solo reducir la corrupción a la mitad, se lograrían los $25 billones que vale la reforma tributaria y no se requerirían más impuestos. Pero es que tampoco le echa mano a las exenciones de que gozan las grandes fortunas de rentistas y terratenientes que sin ninguna vergüenza no pagan ni un peso de impuestos de renta, pese a sus abultadas fortunas y que con un pago justo y equitativo también evitarían la reforma tributaria.
Son los personajes y grandes empresarios y banqueros, de una larga lista de malos ciudadanos, protegidos por sus propias leyes, y encabezada por su mentor Uribe, el propio Carrasquilla, el mismo presidente y numerosos senadores y senadoras que ondean su talante antidemocrático y ventajoso.
El ambicioso Carrasquilla busca tapar parte del hueco de $70 billones de pesos de déficit fiscal de un gobierno derrochador, enmermelado. Generoso con los ricos y poderosos, mientras es implacable y miserable con las clases populares a las que se les arroja migajas indignantes como el cuestionado y politizado programa de Familias en Acción, mientras se niega la renta básica para mitigar el hambre de millones de familias desamparadas por el gobierno.
El paro no para. El pueblo se pronuncia en las calles de las principales ciudades y al menos 500 pueblos, en un afortunado país de regiones. La protesta se ha sostenido desde el 28 de abril y durante los últimos 5 días en las principales ciudades con plantones y bloqueos viales. Defensores de derechos humanos denuncian centenares de detenidos y al menos 10 muertes no reconocidas por cifras oficiales y al menos tres manifestantes desaparecidos.
Los grandes medios de comunicación enfocan principalmente los actos vandálicos, mientras videos de la ciudadanía enfocan a algunos policías disfrazándose de civiles y los videos ciudadanos evidencias muertes violentas.
Protestas globalizadas
En Liverpool, Inglaterra, hace unos meses, las nuevas ciudadanías tumbaron estatuas de esclavistas y traficantes de seres humanos de África realizadas hasta hace menos de 200 años. También fue el rechazo y protestas mundiales por el asesinato del afroamericano George Floyd asfixiado por la rodilla de un policía blanco norteamericano.
El pasado miércoles, los indígenas Misak tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, como señal de desagravio histórico por el genocidio de pueblos originarios. Ya habían derribado otra estatua del mismo conquistador, en Popayán, el septiembre del año pasado.
Ha sorprendido la masiva participación de la gente de Cali, donde el alcalde Jorge Iván Ospina, imprime su talente de mandatario progresista, abiertamente en rechazo a la reforma tributaria. Exigió en mensaje a Duque el retiro de los nuevos impuestos, además del freno a los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes, “para que cesen los muertos”. Datos no oficiales denuncian al menos 8 muertes de manifestantes por proyectiles en Cali.
Se hizo famoso el barrio Puerto Rellena, con multitudinarias marchas y una masiva congregación la noche del viernes, mientras la minga indígena anunció su marcha hacia Bogotá. Se ha evidenciado que el control de la fuerza pública no es de los mandatarios regionales, sino del gobierno nacional. En cabeza del presidente y del ministro Diego Molano, quien meses atrás autorizó el bombardeo en campamentos ilegales, donde perdieron la vida varios menores de edad, porque eran “máquinas de guerra”.
El sábado, primero de mayo, el presidente Duque anunció militarizar las ciudades principales, con lo cual se teme un recrudecimiento de la violación de derechos humanos y el riesgo de abrir fuego contra las protestas ciudadanas. El pueblo interpretó que cumplió la orden impuesta por su jefe político.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se pronunció: “Medellín no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales. Agradecemos al Ejército seguir acompañando las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad”. En contraste circularon imágenes de un fuerte operativo de protección oficial al recién inaugurado centro comercial de los hijos de Uribe, también en Medellín.
La plataforma Twitter debió silenciar el viernes la cuenta del líder ultra derechista Álvaro Uribe, tras la publicación de la peligrosa ‘orden velada’ que habría incentivado abrir fuego contra los manifestantes del país. Un personaje con el mismo rasgo sicótico y cortado con la misma tijera que el expresidente Trump al que también le cerraron su cuenta por promover la violencia y el terrorismo en la proclamación del presidente Joe Biden.
La esperanza también estuvo presente el jueves pasado. Cerca de Medellín, un grupo de soldados del Ejército, en un hecho sin precedentes, se abrazaron con algunos manifestantes populares, fundidos en un momento épico inimaginable y emotivo hasta las lágrimas. Demuestra que todo es posible cuando se recuerda la proclama del libertador Simón Bolívar: “Maldito el soldado que apunta su arma sobre el pueblo”.
Paro indefinido
En Bucaramanga y el área metropolitana la masiva participación ciudadana abarrotó la carrera 27 y calle 36 y la plaza cívica Luis Carlos Galán, en un verdadero grito comunero representado por trabajadores, sindicatos, comerciantes, estudiantes, amas de casa y gente del común, convocado por las centrales obreras, movimientos alternativos y de oposición, y diversos sectores populares.
Destacó un colectivo de mujeres de Colombia Humana, reunidas a través del Pacto Histórico Comunero, quienes marcharon pacíficamente exhibiendo la frase: “Somos mujeres, somos país, somos las luchas que echan raíz”. Otras pancartas de jóvenes proclamaban: “Nos quieren sacar los ojos porque saben que ya los abrimos”, frase dramática que refiere a varios jóvenes que han perdido sus ojos en las refriegas con el Smad.
El jueves y viernes la gente siguió pacíficamente en la calle. El sábado, día del trabajo, pese al toque de queda sanitario y el confinamiento obligado, la gente masivamente se tomó la carrera 27 en el sector de Cabecera y la 33, frente al Hospital Universitario y la UIS.
Los registros en videos de la multitud marchante, evidencian los choques por varias horas con el Smad que originaron algunos heridos, tropel masivo sobre la carrera 27 y algunos daños en la UIS que fueron frenados por los propios estudiantes.
En una foto sin antecedentes, una pavorosa nube de gases lacrimógenos quedó registrada en una panorámica de la Bucaramanga gaseada, similar a las aterradoras imágenes de alguna ciudad en guerra del medio oriente. Simultáneamente, empezaron a ingresar a la ciudad bonita los camioneros y se anunció la realización del paro de transportes programado para este lunes, 3 de mayo.
Entre tanto, en la capital del país, la masiva protesta en el barrio Cedritos de Bogotá, en la tarde y noche del sábado, demostró que no hay sitios vedados para la comunidad ofendida y en marcha pacífica. La alcaldesa Claudia López afirmó que “No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización”.
Derecho a la protesta
El derecho constitucional de protesta contra los altos impuestos choca contra el gobierno que se embarcó en el pulso popular, pero que ha sido rechazado por las mayorías dolientes de la agotada clase trabajadora y pensionados, y de los pequeños y medianos emprendedores quebrados, incluyendo la gente del rebusque diario y los desempleados.
Con el engañoso nombre de “ley de solidaridad”, y “transformación social sostenible”, dicen los expertos que este sería el guion exigido por el Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de la tremenda deuda externa contraída por el gobierno y abultada para paliar la pandemia, dinero que terminó en su mayoría en el sector financiero y los amigos del gobierno.
Recursos que también se destinarán a una empresa fabricante de armas norteamericana, promotores de conflictos bélicos y de la muerte, los mercaderes de las guerras que mantienen vivas en territorio de otros países ricos, pero habitados por mayorías de gentes pobres. Así Duque anunció la compra de los 14 aviones de guerra, por un costo de $14 billones de pesos.
De tal forma que el gobierno nos embarcó en la asfixiante deuda externa a enero de 2021, según el Banco de la República que alcanzó US$156.834 millones, que equivale a 51,8% del PIB del país.
En la fiesta de recursos públicos, el gobierno también destina una millonaria mesada para engrasar las altas esferas de las cortes, un evidente premio a la ineficiencia y el silencio de la justicia, prima regalada que irá también a los funcionarios de los principales cargos ejecutivos del gobierno, ¡como si ganaran poco!
Toda esta piñata de los recursos del pueblo mientras michicatea transferencias al sector salud que requiere superar, eso sí de vida o muerte, la precaria cobertura hospitalaria y la compra de vacunas urgente, en medio de la pandemia. Un estudio mejicano nos ubica entre los cinco países del mundo que peor ha tramitado esta emergencia de la Covid-19.
El pulso político de la reforma tributaria lo va perdiendo el gobierno. El mismo Duque ha declarado que “no hay líneas rojas inamovibles” del tinglado de impuestos.
Mientras la gente siga en las calles nada está aprobado, firmado y sellado de la mentada reforma. Y la confianza en el gobierno sigue en picada.
En el cielo impera Plutón sobre el signo de cáncer, presagiando tiempos de cambios y resistencias. El sol no estará influenciando durante los próximos 15 días, dicen los astrónomos.
Hacia el mediodía de ayer domingo el presidente Duque anunció que pidió al Congreso retirar la reforma tributaria y buscar un nuevo texto a partir de consensos.
Aún en las horas de la tarde, el griterío comunero aún retumba en las calles colombianas.
Empieza la lucha por la reforma a la salud y del régimen pensional… El pueblo está aprendiendo a participar para el bien común.
*Periodista
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