Por: Holger Díaz Hernández/ “La delincuencia y la mala vida, son la medida del fracaso de un estado”: H. G. Wells, escritor.
Atravesamos una de las épocas de mayor violencia de nuestra historia, está ya no proveniente de las guerrillas o del paramilitarismo que nos agobiaron durante los últimos setenta años, ahora es de los grupos de disidencias que ya se cuentan por decenas, de las bandas criminales que se lucran de los estupefacientes y de la minería ilegal, de la guerra por el microtráfico en barrios y veredas, de la presencia de bandas de extranjeros que se han convertido en más delincuencia urbana y de otros cientos o miles de bandidos de todos los pelambres que se enseñorean como amos a lo largo del país sintiendo que no hay autoridad ni ley.
Y si a todo esto le sumamos que tras la posesión del nuevo gobierno, empezaron a aparecer grupos de indígenas y de delincuentes comunes que se están apoderando a la fuerza de predios urbanos y rurales ante la mirada casi cómplice de las autoridades y a los cambios que se anuncian en las funciones de la policía que generan más preocupaciones e incertidumbre que tranquilidad.
La respuesta del nuevo ministro de justicia, Néstor Osuna, sobre la justicia restaurativa ante delitos como el robo de celulares, devolviendo el mismo y pagando algunos meses del plan, deja un sinsabor sobre la seriedad con que se va a enfrentar a los delincuentes en el futuro, banalizando además algo tan importante como es la seguridad ciudadana, lo cierto es que nos sentimos inermes ante esta escalada de violencia.
Los informes de los observatorios contra el delito de las diferentes ciudades del país muestran que cada día se incrementan mucho más el raponeo, el sicariato, los atracos a mano armada, los fleteos, el robo de carros y el resto de modalidades, pero sobre todo, alarma el exceso de violencia con que se realizan estos actos contra la propiedad privada, donde se dispara o atenta contra la indefensa víctima del mismo, así no haya ofrecido resistencia.
Otro hecho que preocupa, son los anuncios de prohibir de manera absoluta y definitiva el porte legal de armas, ya de por sí restringido desde hace algunos años, con lo cual estás sólo quedarían: en manos de las fuerzas del orden, que pocas veces actúan a tiempo, y en las de los bandidos, dejando inerme a la mayoría de la población y a merced de cualquiera que desee atentar contra la integridad de los demás.
Se considera que el 80% de quienes son apresados por muchos de estos delitos quedan en libertad antes de 24 horas, por diferentes motivos pero principalmente porque quienes realizan las capturas, en este caso la policía, no cumplen a cabalidad con los procedimientos definidos en el código penal colombiano y por lo tanto los jueces se ven obligados a dejarlos en libertad, generando un círculo vicioso de impunidad que ni siquiera en casos de reincidencia se puede controlar.
De ahí que la otra propuesta del ministro Osuna de solicitar del presupuesto general de la nación, 1.2 billones para la creación de 500 nuevos juzgados con el objetivo de controlar la criminalidad no resuelve el problema de fondo, ya que los delincuentes tienen claro que así sean apresados, estarán en pocas horas en la calle y seguirán haciendo de las suyas sin ningún tipo de control cierto.
Todo esto ha llevado a la ciudadanía a actuar por mano propia, linchando y en no pocos casos asesinando a quienes son capturados infraganti cometiendo fechorías, hechos reprochables porque son delitos que se realizan bajo la convicción de derrotar el delito cometido por otros.
Lo que se requiere es más inteligencia en las fuerzas del estado para prevenir y actuar sobre las bandas criminales y la delincuencia organizada antes de que se cometan los delitos, capacitar más a la policía y a los miembros del CTI de la fiscalía, en los requisitos y procedimientos que se deben realizar para que las capturas sean acorde a las normas legales vigentes y que permitan judicializar efectivamente a los bandidos, una mayor participación de los ciudadanos en aportar información cuando se sabe o intuye que se va a cometer un delito, masificar los frentes de seguridad en las zonas detectadas como de mayor riesgo y concientizar a la población en la prevención, no dando oportunidad por descuido o ingenuidad a que seamos víctimas de un delito.
Todo esto es importante y necesario pero además se requiere mensajes claros del gobierno en cuanto a las políticas públicas sobre seguridad ciudadana y la guerra contra la delincuencia, que ni el ministro de defensa ni el de justicia han dado hasta ahora.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.
