Judicializados cinco militares y dos civiles por presuntas irregularidades en el trámite y ejecución de un contrato de suministro de combustible a vehículos oficiales. Material de prueba da cuenta de que fueron tanqueados carros particulares fuera del contrato y fuera de los tiempos de ejecución.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco militares y dos civiles; y les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los hechos investigados están relacionados con un contrato de suministro de combustibles, diesel, grasas y lubricantes para vehículos de Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 3 del Ejército Nacional (BITER 3), con sede en Zarzal (Valle del Cauca).
El citado contrato se suscribió con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), para una vigencia de diciembre de 2020, por un valor de $6’000.000. En la ejecución de este se detectaron anomalías como tanqueo de carros particulares por fuera de los 30 días definidos, prolongándose hasta la fecha; y el cambio de aceite a motocicletas de dos tiempos, algo que no estaba previsto.
Además, en las verificaciones realizadas por el CTI y la DIJIN de la Policía Nacional se detectaron facturas y otros documentos alterados o falsos, con los cuales se intentó acreditar los consumos adicionales de combustibles.
Vinculados
Los vinculados al proceso son: Teniente coronel, Rafael Ignacio Sosa Gile, comandante del BITER 3. Mayor Walter Andrés Clavijo Navarro, segundo comandante del BITER 3. Capitán Julián Leonardo Suárez Cárdenas, jefe de Logística. Sargento Segundo Víctor Alfonso Luna Galindo, jefe de Transportes.
Sargento viceprimero Whender Esthid Pérez Quintero, jefe de Transportes. Crithian Alfredo Posso Moreno, contratista. Diego Alberto Urdinola Vélez, administrador de estación de servicio.
Por disposición del juez de control de garantías, los cinco militares recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario; mientras que el contratista fue afectado con detención en el lugar de residencia. Por su parte, Urdinola Vélez seguirá vinculado al proceso.
Los siete procesados fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia), Bogotá, y Cali y Zarzal (Valle del Cauca), informó la Fiscalía General de la Nación.