El gobierno de Colombia le abrió las puertas al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El canciller Álvaro Leyva Durán firmó el documento con el cual el país acepta la competencia de dicho comité, cuya función es atender las denuncias de la ciudadanía en relación con este delito y las quejas a nivel internacional de los Estados miembro de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Los colombianos que busquen justicia por el delito de desaparición forzada podrán presentar quejas ante la ONU por falta de investigaciones exhaustivas en imparciales o por el incumplimiento del Estado en la obligación de buscar a las personas desaparecidas. Además, Colombia podrá denunciar a los Estados miembro del tratado y, desde luego, podrá ser denunciado. En América, Canadá, Nicaragua, Guyana, Surinam, Estados Unidos y El Salvador no registran ninguna acción sobre la Convención internacional.
“Es un merecido reconocimiento a la dedicación incansable de las víctimas de desaparición forzada -y sus organizaciones- a la búsqueda de sus seres queridos y a la eliminación de la impunidad de esta conducta atroz; demuestra el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro con la protección internacional de los derechos humanos; refleja una actitud de apertura democrática al escrutinio de los órganos internacionales de derechos humanos”, explicó María Clara Galvis, exvicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada.
Los colombianos, además, podrán realizar peticiones de medidas urgentes para que de manera inmediata se tomen acciones para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida, así como investigar los motivos del crimen.
“El Comité proporciona al Estado parte recomendaciones específicas sobre las medidas a tomar para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición, y sobre la situación de las víctimas”, explica la ONU.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, a corte de 2018, Colombia reportó más de 80.000 víctimas reconocidas de desaparición forzada. Los grupos paramilitares fueron los principales perpetradores con un 46,1% de la responsabilidad. Luego siguen las guerrillas con un 19,9%, los grupos posdemovilización con un 8,8% y, luego, los agentes del Estado con un 8%. Según la entidad, de los 1.115 municipios del país, 1.010 registran al menos un caso.
Tras la ratificación de la Convención, Colombia tendrá un plazo de dos años para presentar un informe en la materia. Luego de ello, el Comité examinará la documentación y emitirá preocupaciones y recomendaciones. Luego de ello, el país deberá enviar un informe de seguimiento. Se espera que de estos procesos participen activamente las víctimas, partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil.
“La aceptación de la competencia del Comité les permitirá a las víctimas de desaparición forzada en Colombia contar con la protección que brinda el mecanismo de comunicaciones individuales, además de la que ya tienen bajo las acciones urgentes y la participación en los diálogos constructivos del Comité con Colombia”, concluyó María Clara Galvis. En el país se creó la Unidad de Búsqueda con el objetivo de hallar personas dadas por desaparecidas. Desde 2018, han encontrado siete personas con vida y se han recuperado 511 cuerpos.
