El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023 -2024 por un monto de $31.3 billones.
Así las cosas: $7.5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos, $3.8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
$10.1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, de estos recursos $6.1 billones serán probados directamente por los departamentos.
$3 billones orientados a la financiación de proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 irán con enfoque en ambiente y desarrollo sostenible.
$3.4 billones financiarán proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
Por otro lado, $694.000 millones serán asignados para grupos étnicos del país, $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, $150.000 millones para la inversión en las entidades territoriales para Cormagdalena.
Dentro del documento entregado por el Gobierno Nacional se resaltó que, «para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR».
También se destinarán, $598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR.
Este proyecto de presupuesto fue radicado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía.
Ante esto, el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo destacó que «los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo».
