La Personería de Bucaramanga convocó una mesa de trabajo, con el objetivo de abordar la problemática que se presenta en el Municipio, en relación con la reubicación de vendedores informales en bienes de uso público por parte de la Administración Local y el desarrollo del Plan Maestro de Espacio Público – PMEP, con la participación de las autoridades involucradas en esta temática, representantes de los gremios económicos, líderes sociales y vendedores ambulantes.
La citada sesión de trabajo, contó con la asistencia de Alejandro Almeida, Director de Fenalco Santander; Juan Manuel Gómez Padilla, Secretario de Planeación Municipal, Julián Constantino, Director del Dadep; Antonio Tibaduiza, Secretario del Interior (Encargado); Oficiales de la Policía Nacional, Veedores ciudadanos, representantes de los vendedores ambulantes, semi-estacionarios y estacionarios.
En el desarrollo de la actividad, la Administración Municipal socializó la forma como se estructuró el plan maestro y su coordinación con las decisiones adoptadas, en materia de reubicación transitoria de vendedores en algunos sitios de la ciudad. Por su parte, los gremios y la Cámara de Comercio, manifestaron sus preocupaciones frente al sustento técnico y jurídico de las medidas adoptadas y su impacto frente al comercio formal y el entorno.
En este espacio, los representantes de los vendedores ambulantes manifestaron sus inconformidades por la forma como se ha desarrollado el proceso y expresaron la necesidad de contar con soluciones prontas, en procura de la salvaguarda de sus derechos y su mínimo vital.
Por su parte, la Personería Municipal hizo un llamado a realizar espacios de socialización de carácter participativo con todos los actores involucrados, para que las medidas administrativas que se adopten, respondan eficazmente a las necesidades de la población de vendedores informales y al debido respeto a los derechos colectivos de la ciudadanía en general.
Sobre el particular, el Personero Municipal Omar Alfonso Ochoa Maldonado manifestó lo siguiente: “Hago un llamado a la Administración Municipal, para que brinde una oferta institucional sostenible a esta población y los instale en lugares idóneos para ejercer este tipo de actividades, ya que las plazas y plazoletas públicas son para uso de la ciudadanía y no para realizar actividades de comercio, causando el deterioro de estos escenarios que son patrimonio de todos”. Adicionalmente resaltó el funcionario: “Cabe resaltar que esta reubicación, debe cumplir con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con los planes de reubicación a vendedores informales, para la recuperación del espacio público y el tratamiento que debe dársele a esta población”.
Compromisos por parte de la Administración Municipal:
Se tramitará con celeridad, la expedición del acto administrativo formal, mediante el cual se oficializará la adopción del Plan Maestro del Espacio Público en el Municipio.
Se vinculará al Sena en el proceso de oferta institucional, con el fin de que a los vendedores, se les ofrezca capacitación, posibilidades de capital semilla, a través del Fondo Emprender, así como los servicios de la agencia de empleo.
La Administración Municipal socializará el soporte jurídico y técnico, mediante el cual se va a realizar el posible cobro o aprovechamiento económico del espacio público, para las respectivas observaciones de los interesados.
Se realizará un proceso planificado de socialización amplio, con todos los sectores representativos del comercio informal, en donde se involucre la Cámara de Comercio, Fenalco, Personería y demás entidades involucradas en el proceso.
La Personería Municipal realizará seguimiento a estos compromisos adquiridos por parte de la Administración y continuará ejerciendo sus funciones como garante de los derechos de los ciudadanos, velando por la protección de los bienes de uso público, generando para ese efecto, espacios de interlocución permanentemente, con las comunidades afectadas y con las autoridades responsables en la materia, siempre en procura de la defensa del interés colectivo y el respeto de los derechos de los vendedores y de la comunidad en general.