Moderado por la reconocida periodista Salud Hernández-Mora, el panel reunió a destacados expertos y representantes del Gobierno, quienes discutieron las implicaciones de las políticas actuales frente a la persistente violencia en las zonas rurales del país.
El conversatorio contó con la participación de José Otty Patiño Hormaza, alto comisionado para la Paz; Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander; y Jorge Alberto Restrepo Torres, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
El gobernador de Santander ofreció un análisis contundente desde la perspectiva de los territorios afectados. Subrayó que, aunque la búsqueda de la paz es un anhelo compartido por todos los sectores, las condiciones actuales de cese al fuego generan ventajas estratégicas para los grupos armados.
Cese al fuego es ventaja para los bandidos
Díaz Mateus destacó que el cese al fuego, en lugar de ser un paso hacia la paz, puede fortalecer a actores ilegales como el ELN al permitirles expandir su control territorial. “Cuando se arranca con un cese al fuego, se le está dando una ventaja a los bandidos”, manifestó.
Asimismo, señaló que su departamento (Santander), históricamente afectado por la violencia, ha logrado avances significativos hacia la tranquilidad en varias de sus regiones. Sin embargo, advirtió que la presencia de grupos armados sigue siendo una amenaza latente en áreas limítrofes como el Magdalena Medio y García Rovira.
El gobernador de Santander también expresó frustración por la falta de respuesta del Gobierno nacional a sus solicitudes de intervención. Según él, la ausencia de acciones concretas pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a sectores clave como la ganadería, que aún enfrenta extorsiones y amenazas.
Acuerdo nacional de seguridad
Restrepo Torres, director del CERAC, aportó una visión crítica sobre las políticas actuales. Sostuvo que, aunque la paz total es moralmente correcta y necesaria, su puesta carece de una adecuada articulación entre los diferentes frentes de acción del Estado. A su juicio, la falta de coordinación entre las políticas de seguridad, desarrollo y lucha contra el crimen organizado dificulta la consolidación de resultados sostenibles en las regiones afectadas.
“En Colombia sabemos hacer paz, pero lo que no hemos podido hacer es llevar seguridad a las regiones, no hemos podido construir seguridad para proteger a las comunidades, no hemos podido construir seguridad para proteger a la producción”, indicó.
Por eso, hizo un llamado para crear “un acuerdo nacional de seguridad para proteger a las empresas, a las personas, a las comunidades, y de justicia que sirva a esa seguridad para proteger”.
Además, cuestionó la efectividad de los planes de desmantelamiento de organizaciones criminales. Si bien el país ha desarticulado grandes estructuras en el pasado, hoy parece haber perdido esa capacidad, lo que complica la lucha contra grupos como el Clan del Golfo o el ELN.
Una deuda histórica con el campo
Por su parte, la defensora del Pueblo centró su intervención en las desigualdades estructurales que perpetúan la violencia en las zonas rurales. Marín recordó que muchas de las regiones más afectadas por el conflicto no han recibido la atención integral del Estado, lo que facilita el resurgimiento de economías ilegales y grupos armados.
“La reforma rural integral sigue siendo una deuda pendiente”, subrayó. Según la defensora, los territorios priorizados en el acuerdo final de paz no han visto avances significativos en términos de inversión y presencia estatal. Esto no solo afecta la seguridad, sino también la igualdad y el bienestar de las comunidades rurales.
Marín también insistió en la importancia de combinar los procesos de diálogo con una presencia estatal más robusta y coordinada. Recomendó montar estrategias que incluyan no solo a las fuerzas militares, sino también a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la justicia local.
El alto comisionado reconoció las dificultades inherentes al proceso de paz, pero enfatizó la necesidad de persistir en la búsqueda de soluciones. Señaló que la paz no puede lograrse solo con acuerdos firmados, sino que requiere de un compromiso colectivo para garantizar su implementación efectiva.
Lafaurie tiene más fe que yo en la paz con el ELN: Otty Patiño
“Ese Estado Social de Derecho es una promesa todavía no cumplida”, expresó. Patiño abogó por un enfoque integral que combata las estructuras ilegales no solo desde el ámbito militar, sino también desde la prevención y la justicia.
Sobre los diálogos con el ELN, el funcionario expresó que con el pasar de los meses ha ido perdiendo la fe en el proceso. Y a renglón seguido, destacó la presencia del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera.
“Sería una gran pérdida si José Félix no sigue en la mesa con el ELN, pero desde luego he descubierto que José Félix tiene más fe que yo. Yo he ido perdiendo la fe en la negociación con el ELN”, dijo.
También expresó que hay incertidumbre frente a las conversaciones con la Segunda Marquetalia (llamadas disidencias de las FARC) de Iván Márquez porque no se sabe si el cabecilla guerrillero está vivo o muerto.
“No se sabe porque hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido de él han sido por escrito. No ha habido audios y menos un video. No se sabe con certeza si esas entrevistas que han aparecido son reales o son documentos apócrifos. Estamos en la incertidumbre si Iván Márquez está vivo o si está muerto o si tiene discapacidad para comunicar”.
Instalación, condecoraciones, conversatorios, conferencias y la clausura del evento:
Día 1
Día 2
APN Noticias
