Por: Milton Villamizar Afanador/ Ya el 9 de agosto de 2016, la ciudadanía de Colombia marchó en favor de nuestros niños, de nuestras familias, los periódicos nacionales, regionales, las redes sociales, dieron cuenta de esos hechos en la mayoría de ciudades capitales de la patria; en esa ocasión era ministra de Educación la señora Gina Parody y la marcha tenía como causa la pretensión de implementar “la ideología de género” en los colegios, con ocasión de una sentencia de la Corte Constitucional que en la ratio decidendi, ordenaba “respeto a la orientación sexual ya la identidad de género de los estudiantes en Colombia”.
En ese momento decían los medios, que el Ministerio de Educación Nacional expidió una cartilla que se denominaba “ambientes escolares libres de discriminación”, la cual efectivamente estuvo en uso en su momento por parte del ministerio de educación nacional.
En ella se planteaban aspectos de enseñanza, que si bien buscaban la garantía de la no discriminación, en los niños y jóvenes por su orientación sexual, se creaba todo un compendio frente a los géneros (masculino, femenino), pero se abordó también la intersexualidad; para que fueran conocidos, estudiados por los docentes, dentro del manual de convivencia y llevados a las aulas de clase a los infantes, niños y adolescentes; ya no se hablaba solo de “hombres, mujeres; sino que se añadía a esos géneros “los intersexuales.”
Señalaba la cartilla, por ejemplo, a f. 19:
“Al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo…”
Temas como estos y frases como la señalada, ahondaron en lo más profundo de la sociedad Colombiana y explota entonces una manifestación social en Colombia, donde si bien como padres se pretendía, el libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, la no discriminación que ordenaba la Corte Constitucional, se entendía que no podían llegar a las aulas escolares de nuestros infantes, niños, adolescentes (0-17 años) creando confusiones sobre su identidad de género, su orientación sexual, pues una cosa en entender y respetar al semejante como lo ordena la ley divina y la de la naturaleza humana y, otra muy diferente pretender adoctrinar en identidades de género que se hacía casi incompresible o por lo menos confuso a tan tempranas edades.
Esta protesta por nuestros hijos, por nuestras familias, arrancó acá en Bucaramanga, liderada por la diputada Ángela Hernández Álvarez (QEPD) y llegó a convertirse en un reclamo nacional contra el Ministerio de Educación de ese entonces, donde se movilizaron rectores, docentes, familias en un gran número en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, etc.
Hoy volvemos a circunstancias similares, pero esta vez por cuenta de la Superintendencia de Salud con la expedición de la circular externa 2024150000000011-5 de 2024; del 20 de septiembre de 2024; en ella, amparado en el sistema general de seguridad social en salud SGSSS y con fundamento en tratados internacionales, la Constitución Nacional art 49 derecho a la salud y otros; sendos fallos constitucionales como las sentencias T.622-2014; T 406-2019; T 236 -2020; T 218-2022; T 321-2023 entre otras; se pretende, en el ejercicio plausible de la no discriminación; del trato digno, del libre desarrollo de la personalidad; que debe tenerse por las personas sea cual sea su identidad de género; que nuestros infantes, niños y adolescentes sean parte de decisiones de trascendencia a veces irreversibles para sus vidas, como la afirmación de género; esterilización quirúrgica entre otras.
Este acto administrativo apresurado, que se fundamenta en propósitos nobles como la no discriminación, el respeto por a la población LGBTIQ+ que debe ser un imperativo frente a estos seres humanos, y que su irrespeto debe ser no solo censurado socialmente sino sancionado legalmente; lo que pretende es que nuestros infantes, niños, adolescentes, tomen decisiones que ciertamente su inmadurez física y especialmente psicológica no les permita acertar en decisiones como la afirmación de género, esterilización quirúrgica e incluso sobre interrupción voluntaria de embarazos.
Decisiones que podrían ser irreversibles para sus vidas, generando entonces sí, una victimización, revictimización, pues estos infantes y adolescentes no tienen la suficiente madurez para afrontar solos los acontecimientos de la vida, ni la suficiente sabiduría y conducta emocional, para tomar solos sus propias decisiones.
Hoy en la mayoría de las ciudades de Colombia, nuevamente padres y madres de familia, jóvenes, organizaciones sociales, líderes regionales como la diputada Ligia Patricia Álvarez de Hernández, salen a las calles a defender a nuestros niños, a defender el honor de nuestros hijos.
No caminamos para poner palos en la rueda a las garantías constitucionales de la población LGBTQ+ no; a ellos y a todos los colombianos, tienen que garantizarnos nuestros derechos a la salud, a la educación, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad.
Lo que salimos a reclamar en que nuestros infantes y adolescentes, no tienen capacidad de decidir solos estos temas de profunda repercusión en sus vidas futuras; que la Corte Constitucional busca la protección, la no discriminación, el consentimiento informado de nuestros niños, pero no solos; acompañados de sus padres o de un adulto responsable, pues entendiendo la corporación que por la edad, nuestro infantes no tienen una madurez psicológica para decidir por sí solos.
Así las cosas, nuestros hijos no están solos, tienen padres, madres, abuelos, tíos, hermanos o acudientes que responden y acompañan sus decisiones de vida.
Entonces, reclamamos por nuestros niños y gritamos en las calles con nuestros niños no.
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*Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso; Contratación Estatal; Derecho Penal; Gerencia en Salud y Maestría en Derecho Administrativo.
