La Contraloría General de la República reveló un informe en el que asegura que la asignación de recursos para los subsidios de gas ha tenido un déficit en el Presupuesto General desde hace un par de años, razón por la que los pagos a las empresas tienen retrasos de hasta un año.
Los recortes que se han presentado para los subsidios de gas en Colombia en la asignación en el Presupuesto General de la Nación fueron del 66% en 2017 y del 24% en 2018.
Así lo concluyó el informe sobre la ‘Incidencia de los subsidios en las limitaciones de ingreso a los usuarios menos favorecidos del servicio público de gas combustible en Colombia’.
“La no asignación suficiente o completa en el Presupuesto General de la Nación de los recursos solicitados para cubrir el ítem de subsidios de Gas Natural y GLP lleva a que el Ministerio de Minas y Energía, como ejecutor de este presupuesto, postergue sus pagos de un año a otro con atrasos de hasta más de un año, afectando a las empresas que prestan el servicio”, dijo el ente de control nacional.
Para el caso específico de 2017, se solicitaron desde el sector para estos subsidios $782.220 millones, pero solo se apropiaron $268.000, lo que reduce la capacidad de pago del Gobierno y va en detrimento de las familias de los estratos 1 y 2 que reciben dicho subsidio.
Según la información que entrega la Contraloría, los consumidores de gas natural y GLP se están viendo afectados por la falta de acciones frente a esta problemática, pues a esto se suma que las reservas de gas natural de Colombia vienen disminuyendo desde el 2012.
“En relación, con el GLP se advierte también que gran parte de los consumidores de este tipo de combustible no están siendo subsidiados y la expansión en sectores rurales está cada vez más reducida, lo que está generando que los consumidores en los sectores rurales vuelvan al consumo de leña para la cocción de alimentos, con unos efectos importantes de tipo ambiental”, precisó el contralor delegado de Minas y Energía (E), Orlando Velandia Sepulveda.
El estudio identificó que en la factura final a los consumidores el valor del producto y el transporte representan casi el 60% del costo total, lo que limita la posibilidad de acceder al servicio a poblaciones vulnerables.
Finalmente, la Contraloría General pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Minas revisar la estructura tarifaria de este combustible en Colombia, pues el GLP se transa en dólares y se paga en peso.
Y en tiempos en los que el dólar está al alza, las facturas se vuelven “impagables” para los sectores menos favorecidos, apuntó.
