El pasado viernes 26 de enero, la mayor parte de entidades públicas del país vivían un ‘corre corre’ en materia contractual. Al siguiente día entraba en vigencia la famosa ‘Ley de Garantías’ que prohíbe celebrar contratos en la modalidad de contratación directa con caducidad una vez sea elegido el Presidente de la República e involucra a todos los entes del Estado.
Entre ese centenar de entidades cobijadas está el Concejo de Bucaramanga, que tiene –a través del presidente de la mesa directiva -como ordenador del gasto- la posibilidad de realizar contratación mediante prestación de servicios (CPS), entre otros, de personal de apoyo de cada uno de los 19 corporados, los mal llamados UTL. La delegada para firmar es la jefe jurídica de la Corporación.
Intentando que no les cogiera la noche, la Oficina Jurídica del Concejo, trabajó intensamente los días previos para sacar los contratos que son autorizados por cada uno de los concejales. Incluso, los cabildantes también firman el documento contractual como prueba que son los responsables de su personal de apoyo y se convierten en los jefes directos de sus UTL.
Comentó una fuente de la Oficina Jurídica del Concejo que “a medida que iban saliendo los contratos, se iban llamando a los contratistas para que llegaran a firmar. Así se hizo, incluso con muchos de quienes sabían que iban a ser llamados, ellos estaban cerca de las instalaciones del Concejo para hacer lo propio”.
Raro, muy raro
Pero sucedió algo extraño y aparentemente ilegal. En la mecánica descrita, fue llamado a firmar contrato un funcionario de nombre Hernán Alberto Morantes Avendaño, que según su cédula, es oriundo de Cali (Valle del Cauca). Morantes –según copia del documento conocido por Corrillos!– debía estamparle la firma.
“Los compañeros llamaron por teléfono al señor Morantes, le informaron de la importancia de firmar el contrato, que está para ejecutarse por cinco meses y 20 días y tiene una cuantía de 16 millones 800 mil pesos”, comentó una fuente de la Oficina Jurídica del Concejo.
Entre el sábado 27 y el domingo 28 de enero, los funcionarios de esa dependencia se presentaron a trabajar, a fin de verificar –entre otras actividades- si la documentación anexada por cada contratista en las carpetas estaba completa.
Cuando revisaron la de Morantes, se dieron cuenta que no fue firmada. “Se llamó al funcionario para saber qué había pasado y dijo él respondió que no estaba en la ciudad. Le informamos sobre esa situación al concejal Jorge Flórez, debido a que Morantes hace parte de su UTL”, relató la fuente.
Como por arte de magia
El día domingo 28 de enero, el concejal Flórez, del Polo Democrático, madrugó al Concejo para verificar qué había pasado con el contrato en mención. Además, porque tampoco él había firmado, como lo determina la reglamentación interna.
“El concejal pidió la carpeta y se la llevó para su oficina. Pasados algunos momentos la regresó y los funcionarios la volvieron a archivar. Extrañamente el contrato ya tenía las dos firmas faltantes, la de Morantes y la del concejal”, explicó extrañada la fuente. Hasta ahí, todo parecía normal.
Pero las alarmas se prendieron al siguiente día. En la Oficina Jurídica del Concejo todos se sorprendieron. Morantes había regresado de su viaje y, al parecer, tenía gran interés en firmar el contrato, pero casi que no lo puede creer cuando vio qué el suyo ya tenía su firma.
La fuente relató que “alguien de la oficina le dijo al funcionario, pero usted ya firmó y él (Morantes) no salía de su asombro, murmuró algo y luego alcanzó a escuchársele: Si ya está listo”, eso llamó poderosamente la atención der todos en esa dependencia.
¿Hubo falsificación?
Corrillos! tuvo acceso al contrato que firmó el año pasado (ver) y al contrato, supuestamente firmado por Morantes este año (ver) y evidencia que hay grandes diferencias en las firmas. Además, es claro -por lo que expone la fuente- éste fue firmado después de entrar en vigencia la ‘Ley de Garantías’.
Esta grave situación, de un posible delito de falsedad en documento público y que tiene consecuencias de tipo disciplinario y penal, vincula directamente al concejal Jorge Flórez, ya que fue él quien –violando la normatividad interna- sacó la carpeta de la Oficina Jurídica y fue él, el último, al que se le vio con ella cuando aún el contrato no tenía las dos firmas.
Corrillos! intentó por varios medios hablar, tanto con el concejal Flórez como con el contratista Hernán Alberto Morantes Avendaño, pero los dos se han negado a dar su versión de los hechos pese a que se les informó sobre la situación.
Al parecer, ya la Fiscalía General de la Nación conoce de la supuesta irregularidad y se espera que la Procuraduría, la Contraloría de Bucaramanga y la propia Personería Municipal, asuman las respectivas investigaciones.
