Por: Alfonso Baeza Acuña/ El Concejo municipal de la ciudad de Barrancabermeja ha entendido que debe asumir su papel político-administrativo asumiendo su responsabilidad, ejerciendo el control político que la Constitución y la Ley le facultan para controlar los desmanes que funcionarios por errores, falta de experiencia o intencionalmente acechan los recursos públicos; que una vez un exalcalde llamó recursos sagrados y por su indelicadeza con ellos, lo condujo a las mazmorra del Estado.
En estos días hemos observado que se han puesto a estudiar y examinar con responsabilidad los actos del Gobierno y mediante los controles políticos que está ejerciendo, los barranqueños nos hemos enterado de las debilidades y las indelicadeza que se han cometido con responsabilidad o sin ella, dejando un tufillo de falta de idoneidad, capacidad y de asesoría de quienes ostentan tal calidad, para guiar acertadamente al funcionario público.
Los debates de control político comenzaron hasta hoy, llamaron al orden a la Secretaria de Desarrollo Económico Dra. Daylin Ivonne Cortes Quintero por el contrato No. 1425 del 2018 “prestar los servicios de fortalecimiento a los diferentes eventos artísticos, culturales, de Barrancabermeja y apoyo logístico para la coordinación y realización de eventos y/o reuniones programadas en desarrollo de la función administrativa del Municipio de Barrancabermeja” cuyo costo es de 1.600 millones de pesos. Según los corporados, existen olores nauseabundos.
Próximamente llegarán a la Corporación -a responder políticamente el debate- la Secretaria de Gobierno quien funge como alcaldesa encargada Francy Helena Álvarez, a quien se le cuestiona por la ejecución del contrato No. 1373-2018 “convenio de asociación para la asistencia y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado del Municipio” tiene un costo de $1.400 millones. Según varios concejales, existen sobrecostos y cuentas no muy claras.
La Asesora de Planeación municipal, Dra. Elizabeth Lobo, deberá responder igualmente el próximo 30 de junio por la inversión de $8.800 mil millones que ha costado hasta ahora la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el presente gobierno, sin contar con las inversiones que se hicieron en los gobiernos de Carlos Alberto Contreras y Elkin Bueno, en donde -con ello- suman más de 35 mil millones para su actualización y todavía no ha llegado a la Corporación Edilicia para su examen. Este instrumento se ha convertido en una especie de caja menor para el gobierno de turno.
Este debate deberá despejar muchas dudas tanto en materia de la calidad técnica del personal que se contrata, como los costos de esa inversión. Hoy, el Coordinador o Director de la ejecución de ese proyecto de actualización es el odontólogo Eduardo Díaz, quien tiene sus pergaminos en su área profesional, pero un desconocimiento profundo en lo que hoy coordina. Ha sido vinculado mediante una OPS con un alto valor.
La actualización del POT debe llegar a las manos de los organismos de control, porque no se justifican los altos costos de esa inversión. Creo no equivocarme, aquí existe gato encerrado en los costos de esa actualización y son responsables los tres últimos gobiernos.
Los honorables corporados deben enderezar el rumbo de la ciudad y contribuir con su actuar para acallar las voces de ingobernabilidad que se escuchan en los rincones de la ‘hija del sol’.
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