Al instalar la Mesa de Impulso a la Política Pública Nacional para el Campesinado Colombiano, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que el objetivo de este espacio, convocado por la Defensoría, es construir lazos entre todos los actores para impulsar la construcción, definición y puesta en marcha de una política pública que beneficie a la población campesina del país.
El encuentro —realizado el jueves 17 en la sede central de la Defensoría del Pueblo en Bogotá— contó con la participación de representantes de 24 organizaciones campesinas, más de 20 instituciones del Estado, los ministerios del Interior, Agricultura, Vivienda y Medio Ambiente, entidades del sector agrario y academia.
En el marco de este ejercicio de diálogo social, el Defensor Camargo destacó el trabajo que históricamente han realizado las organizaciones campesinas, quienes han logrado avances significativos en la garantía de los derechos de los campesinos, como sujetos de especial protección constitucional.
Sin embargo, hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad de esta población en materia social, política y económica. El índice de concentración de la tierra en Colombia continúa siendo uno de los más altos del mundo (0,89); según la UPRA, para 2019 Colombia tenía un 52% de informalidad en la tenencia de la tierra rural.
A este escenario se suma el balance, a la fecha, de cada uno de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz. La Defensoría del Pueblo publicó dos informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo, en noviembre de 2021 y en julio de 2022, en donde se visibilizó que, si bien se advierten avances en los compromisos del punto 1 de la Reforma Rural Integral, estos resultan modestos al compararse con las grandes necesidades del campo colombiano.
En ese sentido, enfatizó en la necesidad de continuar fortaleciendo, desde el Gobierno nacional, las acciones encaminadas al efectivo cumplimiento de lo pactado en dicho Acuerdo. Asimismo, la construcción de la política pública para el campesinado debe contar con un enfoque de género, en el cual las mujeres rurales y campesinas sean actores fundamentales en la construcción de la misma.
No obstante, las mujeres rurales enfrentan barreras en el acceso a fuentes de financiación, extensión rural, comercialización y asociatividad. Según cifras del DANE, en el año 2020, cuatro de cada diez mujeres rurales en Colombia se encontraban en pobreza multidimensional, y el 44% se encontraba en situación de pobreza monetaria.
Finalmente, el Defensor destacó la voluntad que ha manifestado el Gobierno nacional, para avanzar de manera integral en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas.
“Partiendo de esta voluntad gubernamental y de la voluntad de cada una de las organizaciones campesinas del país, esta Mesa busca servir como escenario de mediación para que los actores involucrados puedan acercarse y definir acuerdos que sienten las bases necesarias para la concreción de una política pública a favor del campesinado”, puntualizó.
