La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión por corrupción, tras comprobar su participación en una red de amaño de contratos públicos que operó durante el gobierno de Iván Duque.
La justicia colombiana asestó un golpe significativo contra la corrupción política al condenar al senador Ciro Ramírez, figura del partido Centro Democrático, por su participación en el entramado conocido como “Las marionetas”, un esquema que desvió recursos públicos mediante la manipulación de contratos estatales.
El fallo, emitido por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, determinó que el congresista incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la sentencia, “optó por no solo prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal sino que lideró la misma”, una afirmación que lo ubica no solo como partícipe, sino como actor clave dentro de la red.
La condena impuesta asciende a 279 meses de prisión —equivalentes a más de 23 años—, acompañada de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 280 meses y una multa que supera los 22.000 millones de pesos. Aunque la defensa del senador aún puede apelar la decisión ante la Sala de Casación Penal, el fallo representa un precedente relevante en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder político.
El caso se remonta a las investigaciones adelantadas en medio de las elecciones legislativas de 2022, cuando las autoridades comenzaron a desmantelar una estructura criminal dedicada a direccionar contratos públicos hacia empresas previamente seleccionadas. A cambio, los funcionarios implicados recibían sobornos millonarios. Este esquema afectó recursos destinados a obras en departamentos como Quindío y Tolima, con contratos que sumaban cerca de 90.000 millones de pesos.
De acuerdo con la Corte, Ramírez tuvo injerencia indebida en al menos 13 procesos contractuales gestionados por el Departamento de Prosperidad Social y por la empresa pública Proyecta, durante la administración de Iván Duque. La investigación evidenció cómo las decisiones contractuales eran manipuladas para beneficiar a determinados contratistas, quienes posteriormente retribuían con pagos ilícitos.
El entramado criminal fue liderado por el fallecido senador Mario Castaño, quien alcanzó a confesar el funcionamiento de la red antes de morir en prisión. Según las autoridades, Castaño se apropió de aproximadamente 43.000 millones de pesos de recursos públicos. Sin embargo, la Corte fue enfática en señalar que Ramírez no actuó como un subordinado, sino que desarrolló su propia estructura dentro del esquema.
Otros nombres también aparecen vinculados al caso, como el contratista Anderson González y Katherine Rivera, exintegrante de la unidad de trabajo legislativo del senador. Asimismo, se menciona a Pablo César Herrera Correa, gerente de la empresa Proyecta en el Quindío, como una pieza clave en la ejecución de los contratos cuestionados.
La condena también revive el historial político del senador, hijo de Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares. Este antecedente añade una dimensión simbólica al caso, al evidenciar la persistencia de prácticas ilegales en sectores de la política tradicional.
Desde el punto de vista político, la decisión judicial tiene implicaciones directas para el Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe Vélez. Aunque Ramírez no aspiró a la reelección en los comicios más recientes, su condena afecta la composición actual de la bancada en el Senado, que pierde una de sus curules.
Además, el fallo se produce en un contexto preelectoral, lo que podría tener repercusiones en la imagen del partido y en candidaturas como la de Paloma Valencia. Analistas coinciden en que este tipo de decisiones judiciales inciden en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la ética en la política.
El escándalo de “Las marionetas” se ha consolidado como uno de los casos más representativos de corrupción en los últimos años en Colombia, no solo por el monto de los recursos comprometidos, sino por el nivel de los funcionarios involucrados. La condena a Ramírez refuerza la idea de que las redes de corrupción han permeado distintas instituciones del Estado, afectando la ejecución de políticas públicas destinadas a poblaciones vulnerables.
