Diez años después de que ocurriera el crimen contra la médica Yolsabeth Durán, su compañero sentimental, Diego Armando Amaya Pérez, fue condenado a 42 años de prisión sin beneficio de prisión domiciliaria. Según la sentencia el crimen fue precedido por violencia física, psicológica, verbal y sexual contra la víctima.
Diego Armando Amaya Pérez fue condenado 42 años y 6 meses de prisión en centro carcelario (sin beneficio de prisión domiciliaria) por el feminicidio de Yolsabeth Polennes Durán Guzmán, médica de profesión, en hechos sucedidos en Barrancabermeja en 2016.
El feminicidio ocurrió en noviembre de 2016 en Barrancabermeja, Santander. El procesado había quedado en libertad en 2022 por vencimiento de términos, pero el proceso continuó hasta la lectura de este fallo condenatorio definitivo.
En principio Amaya Pérez fue condenado por homicidio pero esa sentencia fue apelada y ahora se condena por feminicidio.
La apelación y el reencuadre jurídico de este proceso ocurrieron por diferencias de fondo entre la tipificación de un delito común y uno de género.
La imputación inicial fue inadecuada. En principio la Fiscalía abrió la investigación bajo el delito de homicidio agravado. La defensa de la víctima y organizaciones sociales apelaron y protestaron este enfoque desde el comienzo, argumentando que no se trataba de un crimen ordinario, sino de una violencia sistemática de género ejercida hacia la profesional.
Evidencias de violencia de género e instrumentalización no faltaron. La acreditación de violencia psicológica, acoso previo y actos de crueldad extrema (como la ocultación del cadáver y la tortura física) demostraron el encuadre exigido por la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015). Esto obligó al ente acusador a adicionar formalmente la imputación al delito de feminicidio agravado.
Hubo por tanto ajuste en las penas. El cambio de la calificación jurídica de homicidio a feminicidio agravado impuso un estándar punitivo mucho más riguroso, lo que llevó a la condena definitiva de 42 años y 6 meses e impidió beneficios de rebaja de penas o Prisión Domiciliaria.
La situación por el homicidio de la médica Yolsabeth Durán registró un fuerte impacto social, comunitario e institucional en Barrancabermeja.
Hubo conmoción e indignación social por la cercanía del agresor con la víctima. El asesinato generó rechazo e incredulidad generalizada en la ciudad debido a que el agresor era amigo cercano de la víctima y de sus hermanos, compartiendo incluso entornos sociales y religiosos comunitarios.
Se presentaron en Barrancabermeja movilizaciones de colectivos y gremios. Organizaciones feministas, movimientos de derechos humanos y el gremio de la salud realizaron plantones y marchas pacíficas ante los juzgados de la ciudad para exigir que el crimen no quedara impune ni catalogado como un homicidio común.
También se presentó tensión institucional y descontento por vencimiento de términos. Indignación en 2022 con la liberación temporal de Diego Armando Amaya Pérez por vencimiento de términos desató duras críticas hacia la dilación del sistema judicial. La familia y defensores de derechos humanos repudiaron públicamente que un procesado que ya había aceptado la autoría estuviera libre por fallas de agenda del sistema de justicia.
Reapertura del debate y reclamos de seguridad en los días previos a la sentencia de septiembre de 2026. La familia de Yolsabeth y líderes sociales mantuvieron el caso en la agenda mediática local solicitando garantías para evitar una fuga y pidiendo máxima celeridad en la captura preventiva del imputado.
Símbolo de la lucha contra los feminicidios en el puerto petrolero porque el caso se convirtió en un referente emblemático en Barrancabermeja sobre la adecuada aplicación de la ley de género y sirvió para que colectivos locales vigilen activamente el seguimiento de casos de violencia intrafamiliar y agresiones contra las mujeres en la región.
Diego Armando Amaya Pérez es un habitante de Barrancabermeja hallado culpable por el feminicidio agravado de la médica Yolsabeth Durán.
Vínculo cercano con la víctima, era su compañero sentimental. Tenía aproximadamente 25 años al momento de los hechos en 2016 y mantenía una relación de amistad de años con Yolsabeth y su familia, compartiendo entornos sociales y un grupo juvenil de una iglesia local.
Autoría confesada y hechos fueron evidentes. Durante las investigaciones iniciales admitió la autoría del crimen ocurrido en noviembre de 2016. Llevó a la víctima contra su voluntad a su vivienda en el barrio Miraflores de Barrancabermeja, en donde cometió el ataque e intentó ocultar el cuerpo sepultándolo.
Controversia por su libertad, en septiembre de 2022 obtuvo la libertad por vencimiento de términos tras prolongadas dilaciones en el juicio, situación que generó fuerte indignación comunitaria hasta la emisión final de la sentencia condena a 42 años y 6 meses de cárcel sin beneficios este miércoles dos de septiembre de 2026 casi diez años después de que se cometiera el feminicidio en contra de la médica Yolsabeth Durán.
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