Siete años después del polémico caso ‘La Línea’ y tras once meses de juicio, Guatemala conoció el miércoles 7 de diciembre la condena contra su exjefe de Estado, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Un tribunal dictó 16 años de cárcel para cada uno, luego de encontrarlos culpables de los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
La Fiscalía pedía 30 años de prisión, pero la pena se redujo debido a que fueron absueltos de un cargo de enriquecimiento ilícito.
Adicional a la condena, Pérez recibió una multa por alrededor de 1,10 millones de dólares y a Baldetti las autoridades le ordenaron pagar 1,06 millones de dólares.
Según el dictamen leído por la jueza Jeannette Valdés, los investigadores concluyeron que ambos dirigieron un esquema de corrupción que defraudó al Estado por alrededor de 3,5 millones de dólares, al permitir que algunas empresas importadoras evadieran impuestos, a cambio de cuantiosos sobornos.
Alrededor de otras 30 personas, incluidos funcionarios de aduanas y empresarios, estuvieron implicados en el caso. Algunos de los acusados resultaron absueltos.
«La investigación tiene ciertas falencias y errores que van a determinar absoluciones de algunos implicados», advirtió la magistrada al inicio de su exposición.
El ente acusador expuso más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los señalados.
Pérez -quien fue presidente entre 2012 y 2015, cuando sucumbió su Gobierno por este caso pocos meses antes de culminar el mandato- se encuentra en prisión preventiva desde hace siete años, a la espera de la resolución de su proceso.
El exmandatario de 72 años también está acusado en otro proceso penal.
Entretanto, Baldetti fue sentenciada a más de 15 años de prisión en 2018, por otro caso de fraude.
Ambos renunciaron al Ejecutivo en medio de las explosivas denuncias por corrupción que llevaron a miles a protestar para exigir su salida del poder.
«Todo lo que queda es apelar»
Pérez Molina, quien escuchó la sentencia en una sala del tribunal, insiste en su inocencia y rechaza los cargos.
«Es una mentira (…) Nadie ha dicho nunca que di una orden ilegal, y nunca di ninguna. Nunca dijeron que me dieron dinero. Me siento decepcionado y engañado porque la condena se hizo sin una pizca de prueba», aseguró el exjefe de Estado.
«Todo lo que queda es apelar», agregó durante una pausa en el juicio.
Esta condena representa un punto culminante en uno de los casos más controvertidos en las altas esferas del Gobierno y en medio de los esfuerzos por combatir la corrupción sistémica.
El proceso inició con la investigación de la ahora desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la Organización de Naciones Unidas.
No obstante, en 2018 el entonces presidente Jimmy Morales expulsó al director de la CICIG, el ahora ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, luego de que sus investigaciones llevaran al encarcelamiento de decenas de políticos y empresarios.
Para 2019, Morales dejó expirar el mandato que autorizaba las operaciones de ese organismo, lo que ocasionó su cierre.
En 2021, los investigadores guatemaltecos comenzaron a atacar a jueces, fiscales y periodistas por haber colaborado con la CICIG, lo que obligó a muchos a exiliarse.
Desde entonces, varios de los implicados en casos de corrupción que estuvieron investigados por la CICIG han sido liberados y las conclusiones de la Comisión han sido anuladas.
