La Procuraduría General de la Nación ratificó el fallo proferido el pasado 23 de diciembre contra el exalcalde Rodolfo Hernández Suárez por golpear al entonces concejal de Bucaramanga, John Jairo Claro Arévalo.
En sentencia de segunda instancia, el Ministerio Público confirmó la suspensión e inhabilidad especial por ocho meses al exmandatario, por agresión física y verbal contra el corporado. Debido a que Hernández ya no está en el cargo, deberá pagar en dinero los meses de suspensión: 124 millones 103 mil 040 pesos.
El ente de control señaló que el exalcalde presentó una desatención de su deber como servidor público, consagrado en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de tratar con respeto a toda persona con la que se tenga relación en razón al servicio e incurrió en la prohibición consignada en el numeral 6 del artículo 35 del Código Único Disciplinario al agredir físicamente al concejal.
La falta, según la Procuraduría, fue calificada como grave cometida a título de dolo. Sin embargo, teniendo en cuenta que Hernández renunció a su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados en el momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el Código Disciplinario.
El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2018 y se conoció en un video en el cual Hernández le propina un golpe en el rostro al concejal del partido ASI, Jhon Jairo Claro.
Una más y fin…
Son alrededor de 35 investigaciones las que se adelantan contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, todas producidas cuando estaba en su ejercicio de Alcalde 2016 a 2019.
El mayor número de investigaciones son de carácter disciplinario. De ellas hay tres que ya han sido falladas. Ya hay dos de ellas en firme.
La primera, la sanción a dos meses por haber insultado a Wilson Motta, funcionario de la Secretaría de Infraestructura y la segunda, la suspensión por ocho meses, que profirió la Procuraduría por la agresión física y verbal al concejal John Jairo Claro Arévalo.
La tercera sanción y, de ser ratificada dejaría por fuera a Hernández por fuera de la aspiración presidencial, fue fallada el 8 de junio de 2020, cuando la Procuraduría le profirió suspensión e inhabilidad especial por cinco meses por incumplir su deber de tratar con respeto y dignidad humana al veedor Fernando Martínez, durante una actividad realizada el 26 de octubre de 2018, en el Parque Solón Wilches.
Cuando complete tres sanciones en firme en los últimos cinco años de inmediato queda inhabilitado por tres años para ocupar o aspirar a cargos públicos. Sin embargo puede apoyar los candidatos de su movimiento, dirigirlos, coordinarlos, pero él no puede aspirar ni gobernar, queda inhabilitado por tres años.
