Por: Diego Ruiz Thorrens/ En el departamento de Santander pareciera costumbre la realización de procesos y/o convocatorias (desde entidades públicas) caracterizados por su improvisación, accidentados y por extensión, excluyentes; que con el paso del tiempo sirven para ‘atornillar’ a profesionales, representantes y otros con oscuros objetivos políticos o con finalidades non sanctas (creación o imposición de puestos para ‘profesionales’ que son amigos de los amigos de los amigos del que ostenta el poder, contrataciones realizadas a dedo, entre otros ejemplos).
Pareciera que estuviésemos acostumbrados. O quizá no, y de ello, quedó en últimos días un importante precedente de insatisfacción promovido por las participantes de uno de los consejos más importantes del departamento: el consejo consultivo de Mujeres.
La historia detrás de la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres de Santander y su eventual (actual) desenlace legal (denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por la gobernación de Santander y la anulación de la elección del actual Consejo) es una muestra de cómo una administración busca deformar un proceso que es sumamente significativo para el desarrollo mismo de la región, Consejo cuya razón de existir es precisamente la interlocución entre la sociedad civil y la entidad pública permitiendo “analizar, conceptuar, proponer, hacer seguimiento y control sobre temas de la política pública de la mujer y equidad de género y coordinar acciones tendientes a erradicar las desigualdades y discriminaciones que experimentan las mujeres en razón de su género”.
¿Qué lograron las conformantes del consejo consultivo de Mujeres de Santander? En una sentencia: “El juez indicó que dicho proceso de elección se realizó con base en una normativa distinta a la que dicta la ‘Ordenanza N° 032 de 2009’, a través de la cual se creó y se reglamentó la conformación del Consejo.
“Este despacho estima que el Gobernador de Santander ha incurrido en un error de derecho, al interpretar que la ‘Ordenanza 028 de 2019’ le otorgaba facultades para modificar la estructura del Consejo Consultivo de Mujeres y realizar nuevas convocatorias”, precisó la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Bucaramanga.
Hagamos memoria: En el año 2017, el máximo mecanismo público de interlocución de las mujeres en Santander, creado a través de la ‘Ordenanza N° 032 de 2009’, fue presentado a los medios de comunicación del departamento y el país por lo alto. “Este es un grupo homogéneo y diverso, en representación de todos los sectores de la sociedad y eso es garantía que las políticas públicas sean orientadas hacia el beneficio de un amplio grupo de las mujeres de nuestro departamento”, manifestó en aquel momento el secretario de interior del ex gobernador Didier Tavera (2016 – 2019).
En aquel entonces, el ambiente era positivo, solemne. Una de sus voceras manifestó a los mismos medios de comunicación nacional que “el Consejo consultivo de mujeres, está conformado por 20 consejeras representantes de diversos sectores y 8 más, en representación de las autoridades administrativas del departamento. Su función es la de actuar como mecanismo de interlocución y coordinación entre las organizaciones de mujeres de Santander y el gobierno seccional en el marco de la política pública departamental de Mujeres y Equidad de géneros que se pondrán en marcha, garantizando la participación y representación de las diversidades que constituyen a las mujeres y la legitimidad de sus decisiones”. Hasta la finalización del gobierno Tavera todo marchó regularmente bien, con algunos contratiempos, pero cumpliendo con la mayoría de acciones pertinentes trazadas por las mujeres que hicieron parte del consejo de aquel momento.
No obstante, con el cambio de gobierno departamental, este importantísimo proceso comenzó a quebrarse, en parte, por el arribo de la pandemia del Covid – 19. Finalmente, prevalecieron otras razones de peso, entre ellas, la premura e improvisación en acciones por parte de una administración que trató de demostrar resultados a favor de procesos para las mujeres del departamento, sin contar, precisamente, con las necesidades planteadas (con mucha anterioridad) por ellas mismas.
Por otro lado, la dirección del programa de Mujer y Género, programa encargado de “contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y al desarrollo de capacidades para fortalecer las autonomías física, política y económica de las mujeres y la erradicación de todas las formas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, económico y cultural en el Departamento de Santander” se vio inmerso en distintos escándalos, siendo quizá el más sonado, las falsas declaraciones de la entonces directora a la asamblea departamental, en un debate de control político en 2020.
Todo esto ha impactado negativamente este importante espacio, afectando no solo al consejo consultivo de mujeres sino también otros importantes escenarios, reafirmando la exclusión. Como afirmó una de sus conformantes: “las redes de mujeres que existen desde hace varios años fueron ignoradas. La Red Metropolitana ayudó a construir la actual Política de Mujer y Equidad de Género y hoy no tiene representación en el Consejo. Se interrumpe un proceso muy importante, esta Red se creó incluso antes del mismo Consejo. Se supone que entre las nuevas integrantes y las salientes debe existir un empalme, y fue un proceso que tampoco se garantizó”.
Ojalá que la actual victoria legal de las mujeres pertenecientes a este importante espacio contra la gobernación de Santander, permita la materialización de importantes proyectos que han quedado suspendidos debido a la negligencia, irregularidades y la pésima gestión política del actual gobierno, proyectos que permitirían beneficiar a cientos de mujeres víctimas de violencias basadas en género (como la “casa refugio”) y a muchas otras que son excluidas por razones que, socialmente, nunca debieron existir (raza, orientación sexual, nivel educativo, económico, credo, entre otros).
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander.
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