El Consejo de Estado, a través de su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, inadmitió una solicitud de pérdida de investidura radicada en contra del senador por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay por presunta violación al régimen de conflicto de intereses al participar en actos de proselitismo político durante el ejercicio de su cargo.
La acción judicial fue presentada por Carlos Alberto Sánchez Grass en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (SINSERGEN). Según el documento radicado, Uribe habría participado en actividades de precampaña presidencial el pasado 7 de junio, día en que fue atacado por un menor de edad.
En ese sentido, los peticionarios argumentan que la conducta presuntamente desplegada, constituiría una causal de pérdida de investidura por haber incurrido en incompatibilidad de tipo político, lo que atribuyen al senador a título de dolo.
No obstante, en auto fechado el 26 de junio de 2025 y firmado por el magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra, la Sala 22 del Consejo de Estado determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales previstos en la Ley 1881 de 2018 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Entre los defectos señalados está que la solicitud fue presentada en nombre de personas jurídicas, lo cual no está permitido en este tipo de acciones públicas de responsabilidad subjetiva. Además, no se acreditó debidamente la condición de congresista de Uribe mediante certificación de la Organización Electoral Nacional, ni se indicaron correctamente los canales de notificación para las partes involucradas.
Por estos motivos, el alto tribunal inadmitió la solicitud, otorgando un plazo de tres días hábiles para subsanar los errores señalados. La decisión no implica el archivo del proceso, pero condiciona su posible admisión a que se corrijan las fallas formales. De no hacerse en el plazo indicado, el caso será rechazado de plano.
Finalmente, es importante anotar que la acción por pérdida de investidura es uno de los mecanismos más severos del ordenamiento jurídico colombiano y busca sancionar a congresistas por conductas que comprometen la ética pública o transgreden los límites del ejercicio del poder político.
APN Noticias
