El Consorcio Expansión PTAR Salitre -CEPS- con relación a lo expresado por la Procuraduría General de la Nación a través de un boletín de prensa aclaró que los trabajos adelantados cumplen a cabalidad con lo pactado y recalcó que si se hace necesario acudirá al arbitraje internacional ya que se trata de dineros que provienen de la banca multilateral, más exactamente del Banco Mundial.
Al salirle al paso a las aseveraciones del Ministerio Público, el consorcio hizo precisiones sobre el contrato y el avance que este lleva.
Recordó que el avance de las obras de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre está en el 97%, se encuentra desde el 12 de septiembre de 2021 en funcionamiento en una etapa de operación asistida bajo responsabilidad y en el proceso de entrega del proyecto a la EAAB, que será la operadora.
Dijo además que se trata en la PTAR Salitre un caudal medio de 7 metros cúbicos de agua por segundo con capacidad de tratar caudales superiores a los 14 metros cúbicos por segundo con tratamiento secundario, es decir Bogotá hoy esta descontaminando el 30% de las aguas residuales que genera.
https://corrillos.com.co/2022/06/alerta-de-la-procuraduria-por-operacion-de-la-ptar-salitre-orden-judicial/
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en un informe presentado ante la Magistrada Nelly Villamizar en el marco de las audiencias de seguimiento al cumplimiento de los ordenado por el Consejo de Estado certificó que la operación asistida en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Salitre Fase II, cumple con las exigencias ambientales en materia de agua, aire y tierra.
Al analizar los biosólidos, producto del tratamiento del agua residual, la ANLA indicó que los niveles de remoción de agentes contaminantes microbiológicos tales como coliformes totales, huevos de helminto, salmonela y de metales pesados como cobre, plomo, mercurio, cromo, molibdeno, níquel, selenio y zinc son óptimas y cumplen con la norma establecida en el decreto 1287 de 2014.
En cuanto a la eficiencia de la planta de tratamiento en el manejo de las aguas residuales la ANLA certifica que los parámetros de referencia establecidos en la Resolución 1929 del 1 de noviembre de 2007 se cumple con suficiencia y que los porcentajes de remoción promedios para los SST y para la DBO5 es superior al 80%.
Dice el CEPS en su comunicado que los resultados demuestran que el proyecto de descontaminación de las aguas residuales que genera la capital y que por décadas han contaminado al rio Bogotá avanza y que en pocos años la recuperación de sus aguas y de la cuenca media y baja será un sueño cristalizado.
“Las cifras presentadas por la ANLA demuestran que la PTAR SALITRE es una realidad y su óptimo funcionamiento es un gran paso significativo en la descontaminación del río Bogotá y en el pago del pasivo ambiental que tiene la ciudad con los habitantes de esta cuenca”, dijo el CEPS en su comunicado.
Advirtió además que “está demostrada y certificada la eficiencia del tratamiento que las aguas residuales tienen en la PTAR, la calidad de las obras, la idoneidad de los equipos y por lo tanto declaramos que estamos listo para hacer entrega a la ciudad de este monumental proyecto que sin lugar a duda transformara la calidad ambiental de millones de ciudadanos”.
Por lo tanto, aseguró el Consorcio, “rechazamos lo afirmado en el boletín de la procuraduría y le hacemos un llamado a la doctora Margarita Cabello Blanco como máxima autoridad de esa institución a conocer más en detalle la realidad de este proyecto que sin lugar a dudas es ejemplo de responsabilidad empresarial y social, transparencia y buenas prácticas”.
Recordaron que en la pasada audiencia pública la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, aseveró que para la CAR no existe juez y precisó que por lo visto y en jurisprudencia analizado, es factible que haya un fraude procesal y recalcó que no tiene sentido que haya sanciones de la entidad al consorcio.
“Están torpedeando el contrato, hubo omisiones graves. Es totalmente inaudito que estén estropeando el proyecto de descontaminación del río. Hay delitos y la CAR debe responder”, puntualizó la magistrada.
Manifestó que “sin duda hubo derroche de patrimonio público e hizo un llamado de atención a los organismos de control, incluida la Fiscalía para que entre a revisar y explorar los ilícitos que pueden estar implícitos en el contrato el cual a criterio de la funcionaria cumple con lo acordado”.
