Por: Juvenal Bolívar Vega/ La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de la negativa del Senado, ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la naturaleza de la democracia. Algunos sectores han calificado esta acción como un acto dictatorial, mientras que otros la defienden como una expresión legítima de la soberanía popular.
La democracia se fundamenta en la participación ciudadana y el respeto por las instituciones. En Colombia, el Congreso es el órgano encargado de legislar, y el Senado tiene la facultad de aprobar o rechazar consultas populares. Sin embargo, el concepto de constituyente primario sostiene que el pueblo es la fuente última de poder y puede ser consultado directamente en asuntos de gran trascendencia.
El presidente Petro ha argumentado que la negativa del Senado a la consulta popular fue irregular y que su decreto se basa en la soberanía popular. Según su postura, el Congreso no puede subordinar la voluntad del pueblo, y la consulta es un mecanismo legítimo para resolver el estancamiento legislativo.
El orden constitucional colombiano establece que las consultas populares deben contar con la aprobación del Senado. Al convocarla por decreto, Petro desafía este procedimiento, lo que ha generado críticas sobre una posible extralimitación de funciones. La oposición sostiene que esta acción vulnera la separación de poderes y podría sentar un precedente peligroso para la institucionalidad.
Por otro lado, el Gobierno ha defendido la consulta como un mecanismo democrático que busca garantizar la participación ciudadana en decisiones fundamentales. Petro ha señalado que su decreto será enviado a la Corte Constitucional para su revisión, lo que podría determinar su legalidad y viabilidad.
Con este Congreso, para qué enemigos…
El Congreso de la República enfrenta críticas por su rechazo a la consulta popular sobre la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro. Mientras algunos sectores consideran que el Congreso está desconociendo la voluntad popular, otros defienden su papel como garante del orden constitucional.
Petro sostiene que el Congreso ha bloqueado reformas clave y que la consulta popular es un mecanismo legítimo para que la ciudadanía decida sobre temas fundamentales, mientras que los legisladores argumentan que la consulta popular debe seguir los procedimientos establecidos y que el decreto presidencial representa una extralimitación de funciones.
El debate se centra en si el Congreso está actuando en contra de la voluntad popular o si está protegiendo la institucionalidad. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto y definir si la consulta puede realizarse.
La pregunta sigue abierta: ¿es el Congreso un obstáculo para el cambio o un garante del orden constitucional? La respuesta dependerá de la interpretación jurídica y política en los próximos meses.
Reforma laboral, el ‘florero de Llorente’
La reforma laboral en Colombia ha sido un tema de intenso debate en el Congreso y la sociedad. Su objetivo principal es mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales para los trabajadores. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre su impacto en la economía y el empleo. Entre los argumentos a favor de la reforma laboral están:
Protección de los trabajadores: Se busca fortalecer la estabilidad laboral, promoviendo contratos a término indefinido y limitando los contratos temporales.
Mejor remuneración: Se propone aumentar los recargos nocturnos y festivos, pasando del 75% al 100%, lo que beneficiaría a quienes trabajan en horarios extendidos.
Formalización del empleo: Se incluyen medidas para integrar a trabajadores informales, como repartidores de plataformas digitales y aprendices del SENA.
Licencias laborales: Se amplían derechos como la licencia de paternidad y permisos para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes.
Esta reforma representa un cambio significativo en el panorama laboral colombiano. Mientras algunos la ven como un avance en derechos laborales, otros advierten sobre sus posibles efectos negativos en la economía y el empleo.
Impacto en la competitividad: Algunos empresarios advierten que el aumento de costos laborales podría afectar la rentabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Riesgo de informalidad: Se teme que las nuevas regulaciones puedan desincentivar la contratación formal, aumentando la informalidad laboral.
Flexibilidad laboral: La reducción de contratos temporales podría dificultar la adaptación de las empresas a cambios en el mercado.
Consulta popular: La convocatoria de una consulta popular por decreto ha generado controversia sobre su legalidad y el respeto a la separación de poderes.
La sal en la herida
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación preliminar contra los ministros que firmaron el decreto de la consulta popular. La decisión se tomó tras múltiples quejas de ciudadanos y sectores políticos que consideran que el decreto vulnera el principio de legalidad y la separación de poderes.
Se investiga si la firma del decreto representa una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo; se analiza si el decreto desconoce la votación del Senado, que rechazó la consulta popular el pasado 14 de mayo y se estudia si la convocatoria por decreto afecta la estabilidad institucional y genera un precedente inconstitucional.
De hecho, la Procuraduría ha solicitado al Senado un informe detallado sobre el trámite de la consulta popular; pidió a la Presidencia los estudios y análisis que fundamentaron la expedición del decreto y exigió a los ministerios certificar quiénes eran los ministros en ejercicio el 11 de junio de 2025 y si recibieron conceptos jurídicos antes de firmar el decreto.
Si la Procuraduría determina que hubo irregularidades, los ministros podrían enfrentar procesos disciplinarios e incluso acciones judiciales por prevaricato.
Las reformas sí se requieren
La inequidad social sigue siendo un desafío estructural que requiere reformas profundas y sostenibles para garantizar una sociedad más justa e inclusiva. A pesar de los avances en reducción de pobreza y acceso a educación, la desigualdad sigue afectando a millones de colombianos. Las reformas son necesarias
Reforma educativa: Mejorar la calidad y cobertura de la educación pública, especialmente en zonas rurales, para cerrar brechas de oportunidades.
Reforma laboral: Garantizar condiciones dignas para los trabajadores, reducir la informalidad y mejorar la estabilidad laboral.
Reforma tributaria: Implementar un sistema fiscal más progresivo que reduzca la concentración de riqueza y financie programas sociales.
Reforma Agraria: promover la distribución equitativa de tierras y fortalecer el acceso a recursos para pequeños productores.
Si se implementan de manera efectiva, estas reformas pueden reducir la pobreza, mejorar la movilidad social y fortalecer la cohesión nacional. Sin embargo, requieren voluntad política y compromiso de todos los sectores para garantizar su éxito.
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*Comunicador Social, Candidato MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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Referencias:
- El Universal. (2025, junio 12). Reforma laboral de Petro avanza en medio de divisiones. El Universal.
- ANIF. (2025). Evaluación de los efectos de la reforma laboral en el empleo formal. MSN Noticias.
- Portafolio. (2025). La reforma laboral que el país necesita. Portafolio.
- ACEF. (2025, junio 3). Reforma laboral en Colombia 2025: Un análisis detallado de los cambios propuestos. ACEF.
- Revista Puntos. (2025). ¿A quién afecta la reforma laboral? Universidad de los Andes.
- PwC. (2025). Reforma laboral 2.0: Modificaciones en contratación y derechos sindicales. PwC Colombia.
