La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hicieron un llamado por la unidad institucional, luego de los escándalos que se conformaron por la suspensión de visas norteamericanas a dos funcionarios de la Corte Constitucional y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Algunos sectores consideraron que fue un mecanismo de presión por parte del gobierno norteamericano.
Mediante un comunicado de prensa, los altos tribunales contestaron al unísono la polémica que desató esta jugada gubernamental norteamericana, la cual tuvo el apoyo de la Cancillería y el gabinete de Iván Duque.
Las altas cortes pidieron garantías y dijeron que “continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena”.
Después de disertar sobre la importancia de la independencia judicial para la defensa de la democracia, los magistrados le entregaron un parte de tranquilidad a la ciudadanía.
“El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente”, fue la conclusión del mensaje, después de que se conociera que el gobierno estadounidense le retornara la visa a la magistrada Diana Fajardo.
