Por: Érika Bayona López/ El contrabando en Colombia no es un problema de las autoridades, sino una simple amenaza real para la economía, el empleo y el bienestar de todos. Las cifras lo confirman: en enero de este año, la DIAN incautó mercancías ilegales valoradas en más de $30.552 millones. No es solo una cifra; es dinero que pudo haberse destinado a salud, educación e infraestructura.
Los sectores más golpeados incluyen textiles, maquinaria, electrodomésticos y calzado, afectando directamente a empresarios y emprendedores que cumplen la ley y generan empleo formal. Su impacto se siente en cada hogar, cuando desaparecen oportunidades laborales y se restringen los recursos para el desarrollo.
Por eso, la unión del sector público y privado es esencial. La participación de más de 300 representantes de gremios como Analdex, Andi, Fenalco y Fedegan demuestra que es una responsabilidad compartida. La instalación de la instalación de la «Gran Mesa Anticontrabando Sectorial público–Privada» es un paso necesario, pero insuficiente si no cuenta con el apoyo de todos. Empresarios, gremios y ciudadanos debemos asumir nuestra parte en esta batalla. No podemos esperar que solo el Gobierno luche contra un problema que nos afecta a todos.
Cada compra es un voto por la legalidad. El contrabando no solo erosiona la economía, sino que fomenta la competencia desleal, sino que normaliza la ilegalidad en nuestro día a día. Cada vez que alguien elige un producto de dudosa procedencia, sin factura ni registro, está financiando un ciclo de corrupción que nos empobrece a todos.
Necesitamos un cambio de mentalidad. No basta con incautaciones y operativos; es urgente fomentar una cultura de consumo responsable. Campañas de concienciación más agresivas, incentivos para el comercio legal y sanciones ejemplares para los responsables son solo algunas de las medidas necesarias.
Además, es crucial fortalecer la cooperación internacional para combatir las redes de contrabando que operan más allá de nuestras fronteras. La colaboración con otros países puede ayudar a desmantelar estas redes y reducir el flujo de mercancías ilegales.
Pero más allá de las estrategias de control, la clave está en la ciudadanía. Denunciar el contrabando es una acto de responsabilidad y patriotismo. La DIAN ha habilitado canales como la línea 159 y su página web para reportar actividades sospechosas. Si cada uno asume su papel, podemos marcar la diferencia.
La lucha es de todos. Combatir el contrabando no es solo una cuestión legal, sino un compromiso con el futuro del país. Defender a nuestros empresarios, proteger los empleos y asegurar el crecimiento económico son tareas que nos competen a todos. No permitamos que la ilegalidad se normalice en nuestras calles y mercados.
El momento de actuar es ahora. Exijamos productos legales, apoyemos a quienes cumplen las normal y denunciemos el comercio ilícito. Colombia merece un futuro sin sombras, la pregunta es: ¿De qué lado estás?
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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