La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar luego de las denuncias del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sobre presuntas irregularidades en el Fondo de Adaptación. El ente de control busca establecer si hubo daño fiscal y responsabilidades en proyectos clave para comunidades vulnerables.
La Contraloría General de la República anunció la apertura de una indagación preliminar contra el Fondo de Adaptación, tras recibir un informe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El documento, firmado por Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo, advierte sobre graves fallas en la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.
Según el comunicado oficial, la indagación se origina en una “revisión rigurosa y exhaustiva del estado actual del Fondo Adaptación”, en la que la administración identificó “resultados alarmantes en la ejecución de proyectos y en las rutas definidas por sus antecesores”. Estas deficiencias, de acuerdo con Rodríguez, han afectado directamente la capacidad de respuesta frente a problemáticas que impactan a comunidades vulnerables, especialmente en zonas históricamente golpeadas por inundaciones.
Uno de los principales focos de preocupación es la región de La Mojana, afectada por las inundaciones derivadas del Fenómeno de La Niña 2010–2011. El informe señala que la inversión ejecutada para resolver los problemas de inundación en esta zona “solo llega al 3%”, un nivel crítico frente a la magnitud de la emergencia.
La baja ejecución presupuestal no solo ha limitado el avance de las obras, sino que también ha generado riesgos fiscales. El Ministerio de Hacienda podría exigir la devolución de cerca de 235 mil millones de pesos, recursos que estaban destinados a atender estas emergencias. De materializarse, esta devolución significaría una pérdida significativa de capacidad financiera para atender a más de 400.000 personas en 11 municipios que siguen expuestas a inundaciones.
Retrasos y proyectos cuestionados
El informe también advierte sobre retrasos en la elaboración de estudios y diseños considerados “urgentes e indispensables” para iniciar las obras de protección y soluciones definitivas en La Mojana. Estas demoras han perpetuado la vulnerabilidad de las comunidades, que continúan esperando intervenciones estructurales.
Además, Rodríguez cuestionó inversiones realizadas en el pasado, calificándolas de “cuestionables” por no aportar soluciones de fondo. Entre ellas se mencionan la plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y estudios de investigación hidrodinámica. Según la funcionaria, estos proyectos no han tenido un impacto real en la mitigación del riesgo y representan un uso ineficiente de los recursos públicos.
La Contraloría aclaró que esta es apenas una indagación preliminar, cuyo objetivo es determinar si los hechos denunciados podrían configurar un presunto daño fiscal y si existe mérito para abrir un proceso de responsabilidad fiscal. “Con este documento no se formulan imputaciones personales ni se realizan calificaciones jurídicas definitivas”, se lee en el oficio presentado por Rodríguez.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios del Fondo de Adaptación por presuntas irregularidades en contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0%. Entre los proyectos señalados están Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, con montos que superarían los 100 mil millones de pesos.
Tensiones políticas
El caso también ha generado tensiones políticas. Rodríguez señaló que gran parte de las irregularidades se habrían presentado durante la gerencia de Carlos Carrillo, exdirector del Fondo de Adaptación. Carrillo, por su parte, aseguró que detrás de las denuncias existe un interés político del ministro del Interior, Armando Benedetti, en los contratos del Fondo.
Este cruce de señalamientos refleja la complejidad del caso, en el que confluyen posibles fallas administrativas, riesgos fiscales y presiones políticas que podrían haber influido en la adjudicación de contratos.
Más allá de las disputas institucionales, el trasfondo del caso es la afectación directa a las comunidades. La baja ejecución presupuestal y los retrasos en proyectos de mitigación han dejado expuestas a miles de familias en La Mojana y otras regiones. La falta de soluciones estructurales perpetúa el riesgo de inundaciones y limita las posibilidades de desarrollo económico y social en zonas históricamente vulnerables.
