El presidente Iván Duque, sancionó la Ley de Presupuesto General y explicó, además, que -sobre el artículo de la ley de garantías que fue entutelado- no elimina la Ley de Garantías, sino que hace una suspensión por un año para que se puedan firmar convenios administrativos entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional.
«Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones», escribió el presidente Duque a través de su cuenta Twitter.
Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones. pic.twitter.com/a2ualJUdyv
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 12, 2021
La sanción presidencial va en contravía de lo que dictaminó el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual le ordenó al jefe de Estado y a los representantes legales del Gobierno abstenerse de dar aplicación a los cambios realizados a la Ley de Garantías.
El mandatario indicó que «un juez de la República no puede decirle a un Presidente qué debe objetar o qué no», dejando planteado un nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo y el Judicial.
«La petición fue hecha por alcaldes y gobernadores que se han visto afectados por la pandemia», expresó el presidente Duque, quien enfatizó en que no se está yendo en contra de las decisiones del juez «ya que esto es un Estado Derecho, donde las decisiones son apelables».
De acuerdo con el mandatario, «no solamente nosotros cumpliremos el papel que nos corresponde, sino que hay entes territoriales que harán lo mismo y tengo entendido que el Congreso de la República también; entonces un juez de la República no puede decirle a un Presidente qué debe objetar o qué no, porque eso sería violar la Constitución colombiana».
El jefe de Estado, enfatizó en que «firmamos la Ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo, pero en el entre tanto, somos claros: las salvaguardas del control que hace la Contraloría y el acompañamiento anunciado por el sector privado, para garantizar que todos los convenios se rijan por la mayor transparencia, es algo que nosotros también haremos».
Las críticas al cambio en la Ley de Garantías se han dado por un artículo en la Ley de Presupuesto que suspende un parágrafo en la de Garantías y les permitirá a los alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en periodo electoral, lo cual estaba prohibido antes.
Teniendo en cuenta que están muy cerca las elecciones del 2022, para Congreso y para Presidente, muchos políticos y expertos han dicho que esa modificación abre la puerta a que en medio de las campañas se direccionen recursos.
La Ley de Garantías elimina la posibilidad de que los dineros de contratación pública ingresen a campañas electorales que luego puedan ser usados para favorecer a determinado candidato o movimiento político en meses previos a las elecciones.
