La Corte Constitucional ordenó garantizar atención integral y sin barreras para migrantes habitantes de calle con VIH, fijando un precedente de protección reforzada en salud.
La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-415 de 2025, en la que exige a las autoridades garantizar atención médica integral, continua y sin trabas administrativas a migrantes en situación de calle diagnosticados con VIH y otras comorbilidades. El caso se originó en una tutela presentada en favor de un ciudadano venezolano, identificado como Josué, quien enfrenta múltiples condiciones de vulnerabilidad, incluyendo tuberculosis, hepatitis C, problemas de salud mental y farmacodependencia.
La Sala Tercera de Revisión, integrada por los magistrados Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, concluyó que las entidades responsables vulneraron los derechos a la vida, salud, igualdad, dignidad humana y seguridad social del paciente al no gestionar oportunamente los servicios ordenados por especialistas.
El fallo recuerda que el artículo 100 de la Constitución garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos colombianos, y que en escenarios de vulnerabilidad extrema el Estado debe actuar bajo principios de solidaridad, dignidad humana y enfoque interseccional.
Obligaciones inmediatas
La Corte ordenó medidas concretas:
- Realizar una nueva entrevista de clasificación para asegurar que el paciente sea reconocido como habitante de calle, condición que activa rutas de atención diferenciadas.
- Autorizar de manera inmediata todos los servicios médicos prescritos, incluyendo atención en salud mental y farmacodependencia, sin barreras administrativas.
- Garantizar continuidad en tratamientos y diagnósticos, evitando interrupciones que pongan en riesgo la vida del paciente.
Estas disposiciones buscan eliminar las trabas burocráticas que históricamente han impedido el acceso efectivo a la salud de poblaciones vulnerables.
La sentencia fija un estándar reforzado de protección sanitaria para migrantes habitantes de calle, reconociéndolos como sujetos de especial protección constitucional. Además, establece que la salud mental y la rehabilitación frente a la farmacodependencia son componentes innegociables del derecho a la salud.
La Corte enfatizó que negar o retrasar servicios prescritos contradice la jurisprudencia constitucional y profundiza la exclusión de quienes ya enfrentan múltiples barreras sociales y sanitarias.
Este fallo marca un precedente en la defensa de los derechos de migrantes y habitantes de calle en Colombia. Refuerza la obligación del Estado de garantizar atención integral y digna, incluso en condiciones extremas, y abre la puerta a que otros casos similares reciban protección inmediata.
