La Corte Constitucional falló este lunes en contra de la legalización del aborto hasta las primeras 16 semanas de gestación y dejó sin cambios las tres excepciones que lo permiten al declararse inhibida en una demanda que buscaba penalizar por completo la interrupción del embarazo.
La decisión del tribunal desvaneció las esperanzas de quienes buscaban legalizar el aborto en Colombia, un país de 50 millones de habitantes mayoritariamente católico y con una sociedad conservadora.
La corte decidió por seis votos a favor y tres en contra declararse inhibida en una demanda que buscaba prohibir el aborto en cualquier caso al considerar que no cumplía con los requisitos para hacer un análisis y un pronunciamiento de fondo, además de tratarse de “una cosa juzgada” constitucionalmente.
El tribunal también rechazó la ponencia de uno de sus magistrados en la que, contrario a los intereses de la demandante, pedía despenalizar el aborto en las primeras 16 semanas para que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo solo por su voluntad. Después de ese periodo, el magistrado proponía mantener las causales vigentes.
Desde 2006 la Corte Constitucional permite el abordo en caso de malformación del feto, si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o si es producto de una violación.
La decisión del alto tribunal se produjo en medio de voces que pedían la prohibición del aborto en cualquier caso y otras a favor de despenalizarlo por completo.
Para Amnistía Internacional la decisión de la corte de no tomar acción para despenalizar el aborto representó una oportunidad histórica perdida para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“La Corte Constitucional les ha dado la espalda a las mujeres y a su lucha por acabar con los círculos de violencia y los mecanismos de control de los que han sido víctimas. Lamentamos que la corte haya decidido seguir restringiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en vez de poner un ejemplo positivo para la región”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Grupos que respaldan la despenalización del aborto sostienen que cientos de mujeres mueren anualmente en el país por someterse a la interrupción del embarazo en lugares clandestinos y sin condiciones clínicas e higiénicas.
La legislación colombiana establece prisión de 16 a 54 meses para la mujer que se cause un aborto o permita que se lo practiquen y a quien lo realice.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe aplican restricciones similares al aborto en Colombia, mientras que otros prohíben el procedimiento en todas las circunstancias.
