Este martes (11 de marzo de 2025) se hizo efectiva una orden de captura expedida por la Corte Penal Internacional en contra de Rodrigo Duterte. La detención del expresidente filipino se dio en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, de Manila.
La medida privativa de la libertad fue justificada por el tribunal internacional en la necesidad de que Duterte responda por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de su brutal y represiva campaña antidroga.
Este hecho marca un precedente importante en ese país, el cual hace muchos años ha padecido el autoritarismo y actitudes dictatoriales de varios de sus más reputados líderes políticos.
A pesar de los trágicos antecedentes, es la primera vez que la CPI emite una orden de arresto contra un exmandatario filipino. La investigación se remonta a los tiempos en que Rodrigo Duterte detentó el poder en ese país y la Alcaldía de Davao, desde donde implantó un sistema poco ortodoxo para disminuir los índices de delincuencia asociada al narcotráfico.
De acuerdo con las estadísticas del Estado filipino, la política antidrogas de Duterte dejó un poco menos de 6.000 muertos en operativos policiales, no obstante, defensores de derechos humanos sostienen que la cifra difundida desde la oficialidad podría ser cinco veces mayor.
Medios internacionales sostienen que los investigadores de la CPI iniciaron sus pesquisas hace más de seis años, tiempo en el cual recibieron el testimonio de 200 personas. Estos relatos detallados de los ‘operativos policiales’, permitieron al tribunal determinar que existía «base razonable» para proceder con la acusación formal.
Aunque antes de salir del poder Duterte denunció el Estatuto de Roma, el Tribunal Internacional conservó las competencias para enjuiciarlo. El arresto da al traste con sus intenciones proselitistas: pretendía volver a la Alcaldía de Davao, presentándose como candidato para las elecciones del próximo 12 de mayo.
La noticia ha tomado por sorpresa al mundo político filipino. Se desconoce hasta el momento la posición del actual presidente Ferdinand Marcos Jr., heredero de un cuestionable legado político.
APN Noticias
