La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo de ocho debates, el proyecto de reforma constitucional con el que se pretende reformar la justicia colombiana, especialmente en lo concerniente a los requisitos para elegir a los altos funcionarios de la Rama Judicial y de los órganos de control.
La iniciativa establece una nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando el trámite de la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como está en la actualidad.
Según lo aprobado por la Plenaria de la Cámara, serán la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los que elijan a sus magistrados a través de convocatorias públicas.
“Lo que se pretende es fortalecer la autonomía de las cortes y la participación de profesionales competentes y experimentados, cuya evaluación por parte de las Cortes a las que aspiran pertenecer, permita seleccionar al mejor candidato posible, mediante la observancia de los requisitos legales, aptitudes profesionales y atributos éticos necesarios para el desempeño del cargo al que aspiran”, explicó el representante del Partido Conservador, Buenaventura León, coordinador ponente del proyecto.
En contraposición, el representante de Alianza Verde Mauricio Toro manifestó que “en el proyecto se quiere eliminar la convocatoria vigente, no estoy de acuerdo que se haga un concurso público, estoy pidiendo que se dejen las cosas como están”.
El proyecto de acto legislativo 230 de 2021 Cámara también modifica artículos de la Constitución para cambiar los parámetros en la elección de los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor.
La iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de magistrados de las altas cortes, pues ejercen funciones distintas.
En cambio, la reforma aprobada en su segundo de ocho debates establece que quienes opten por los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor General deberán acreditar “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años, y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo.
Este proyecto de acto legislativo pasa ahora al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.
