La Corte Suprema debe definir si una jueza o la Fiscalía General es responsable de tomar la decisión sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos, dijo el martes la funcionaria judicial a cargo del caso.
Uribe y varios de sus aliados son investigados por presunta manipulación de testigos en un intento por desacreditar las acusaciones de vínculos del expresidente con los grupos paramilitares de derecha.
Los abogados de Uribe pidieron a una jueza que ordenara su libertad mientras el caso seguía su curso, pero la funcionaria dijo en una audiencia que no podía pronunciarse hasta que la Corte Suprema, que estuvo a cargo del caso hasta principios de este mes, determine si ella o la Fiscalía tenían autoridad sobre la decisión.
“Cuando así se conozca, si es ese es el sentido (…) se dispondrá de manera inmediata a darle inicio a esa actuación para emitir allí un pronunciamiento de fondo a esa petición elevada inicialmente por los apoderados judiciales del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza.
Uribe, mentor del actual presidente Iván Duque, se venía desempeñando como senador, pero renunció después de la orden de arresto domiciliario de agosto, insistiendo en su inocencia.
La renuncia llevó a la Corte Suprema, encargada de investigar los casos en los que están involucrados congresistas, a transferir el caso a la Fiscalía General, que según los críticos será menos rigurosa.
El episodio del martes fue el último giro en una saga legal de años entre el derechista Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010, y el senador izquierdista Iván Cepeda.
En 2012, Uribe acusó a Cepeda de orquestar un complot para vincularlo con grupos paramilitares de derecha.
Pero en 2018 la Corte Suprema dijo que Cepeda había recogido información de excombatientes como parte de su trabajo y no había pagado o presionado a los exparamilitares. En cambio, el tribunal aseguró que Uribe y sus aliados presionaron a los testigos.
Duque calificó el arresto domiciliario de Uribe de injusto, comparándolo con los antiguos líderes guerrilleros a los que se les ha permitido permanecer libres durante los procesos por crímenes de guerra. Los guerrilleros recibieron condiciones especiales bajo un acuerdo de paz criticado por Uribe.
