Luego de una diligencia de indagatoria exprés en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el congresista Eduardo Pulgar quedó formalmente vinculado al proceso en su contra por supuestamente sobornar a un juez de la República.
La diligencia tuvo una duración de una hora, en la que el legislador asistió con su abogado, Jaime Granados, a quien contrató para ejercer su defensa.
Según fuentes de la Corte Suprema, lo que sigue es que el magistrado Marco Antonio Rueda -ponente del caso-, escriba una ponencia proyectando resolverle situación jurídica al congresista «como impone la ley».
Ese documento será debatido por los integrantes de la Sala de Instrucción para tomar decisión sobre si el proceso contra Pulgar continúa o es archivado.
En manos de la Corte hay un arsenal de pruebas y testimonios en contra del congresista que lo comprometerían con el supuesto soborno.
Por eso, fuentes cercanas al proceso advierten que habría pruebas contundentes que comprometerían al senador del partido de la U con los delitos de presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.
Supuestamente Pulgar intentó sobornar al juez para querer favorecer en un proceso penal a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Contra Pulgar también pesa una investigación disciplinaria en el Procuraduría por los mismos hechos, ya que “habría atentado contra la dignidad y majestad de la justicia y su recta administración”.
Estos líos judiciales fueron revelados por la denuncia periodística del columnista Daniel Coronell, quien dejó ver con audios que el congresista habría buscado al juez para entregarle una millonaria suma de dinero, a cambio de que tomara una decisión favorable en el proceso contra su supuesto amigo.
