Por: Fray Andrés Julián Herrera Porras, O.P./ El próximo 13 de marzo, todos estamos convocados a una cita con la democracia, es tiempo de renovar el Congreso de la República, de elegir un Senado y una Cámara que velen de verdad por los intereses del país y el bienestar de todos los colombianos y colombianas. Digo de todos porque el principal error de la mayoría de los actuales padres de la patria es que creen que solo deben responder al interés de sus electores, aún peor, ¡de sus patrocinadores!
¿Quién está tan loco o desocupado como para pretender que entre dos mil ochocientos treinta y cinco (2.835) personas va a ser la mejor opción para ocupar una de las doscientos noventa y seis (296) curules?, ¿cómo podría un ciudadano promedio llegar a informarse de cada candidato para escoger la mejor opción de forma correcta?, ¿nos damos cuenta que el problema de nuestra democracia es más profundo de lo que parece tras ver estás cifras?
Para vislumbrar aún más la falla estructural de nuestra querida patria, se hace pertinente mencionar que, cada campaña cuesta, salvo contadas excepciones, entre 375’000.000 de pesos y 2.100’000.000 según diversas fuentes consultadas; se trata de al menos 1.063.125’000.000 de pesos, ni siquiera me atrevo a leer esta cifra, gastados en la totalidad de las campañas políticas en un país donde todavía tenemos niños que mueren por desnutrición y escuelas que se caen por falta de inversión. Esto último lo pude observar esta semana en la vereda Rosa Blanca del municipio de Floridablanca, Santander, donde sus habitantes protestaron por el cierre de una escuela para los niños, por supuestas fallas estructurales que, evidencian falta de prioridad en las inversiones e ineptitud en las administraciones.
Quizá todo este cúmulo de situaciones explique porque en marzo del 2018, solo el 48.85% de los colombianos habilitados para votar ejerció su derecho a elegir; es difícil creer en una democracia que permite el despilfarro de tanto dinero desde el primer día de la contienda electoral. El derecho a ser elegido se pone cada vez más en entredicho, ¿cómo haría un ciudadano para participar en igualdad de condiciones sin venderse al mejor postor?
Además de esto, se debe decir que, existen anticipos de financiación para los candidatos por cuenta del Estado que se descontarán del dinero que de nuestros impuestos se paga por los votos obtenidos. Es decir que, los colombianos pagamos antes, durante y después de las campañas millonarias; se trata de cantidades abismales que se van en vallas publicitarias, volantes y otra cantidad de elementos que, para colmo de males, generan contaminación visual en nuestras ciudades y campos.
El salario de un congresista supera los 35’000.000 de pesos al mes, sin contar todas las arandelas que incluye camionetas y otros ‘gasticos’ lógicos en esta democracia costosa y despilfarradora. La única forma de cambiar todo el sistema es cambiando a quienes lo manejan y exigiendo a los futuros “padres de la patria”, que históricamente parecen más “atracadores de la patria”, que por fin congelen sus enormes salarios, que dejen de perder el tiempo con proyectos de ley que solo benefician a quienes han pagado sus campañas o a ellos mismos y pongan finalmente la lupa donde se debe. Es tiempo de un Congreso que piense en el bien común.
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*Abogado. Estudiante de la licenciatura en Filosofía y Letras. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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