Luego de casi un año en el que las protestas se tomaron las calles de Colombia y dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, Human Rights Watch (HRW) criticó este jueves en su informe anual que el Gobierno «aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial».
En las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021 y se extendieron hasta junio, donde decenas de miles de personas mostraron su malestar social en las ciudades del país, los «oficiales de policía repetidamente y arbitrariamente dispersaron las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva y a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género», destaca el informe publicado hoy.
Además se produjeron arrestos arbitrarios, varios casos de violaciones, decenas de lesiones oculares y reportes de torturas y malos tratos, como recuerda el informe, en hechos que tanto HRW como organismos internacionales vienen denunciando desde hace meses.
Tras las protestas, el Gobierno anunció una reforma de la Policía (un cuerpo que en Colombia sigue siendo profundamente militar) y que la oposición tildó de cosmético.
HRW asegura ahora que, más de medio año después de las protestas, el Gobierno «aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial». Tampoco hay, afirma la ONG, «un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos».
Líderes sociales desprotegidos
En el informe, HRW asegura que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, «la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo, se han incrementado en áreas remotas de Colombia en 2021».
Según cifras de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 2020 fue el año con más masacres (76) desde 2014, y entre enero y septiembre de 2021 se habían producido 82.
La ONU señala que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016 y al menos 290 firmantes del acuerdo también han perdido la vida. «El Gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos», considera la organización de derechos humanos.
«El ELN en 2021 ha seguido cometiendo crímenes de guerra y otros abusos contra civiles», así como las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, quienes son responsables de muchos de estos asesinatos, desplazamientos y masacres.
HRW también recoge denuncias de amenazas a la independencia de la Justicia, sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que «el presidente Iván Duque y otros líderes del partido Centro Democrático han hecho declaraciones que aparentemente tratan de difamar o intimidar a la corte y minar la legitimidad de su decisión».
Y alaba los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional surgida del acuerdo de paz, para investigar los crímenes de guerra del conflicto y sus primeras decisiones que imputan a antiguos altos cargos de las Farc por delitos de secuestro y a exmilitares por ejecuciones extrajudiciales.
