Por: Carlos Andrés Mahecha/ Más allá de las percepciones sociales, políticas, económicas y sobre todo culturales, es imperativo la responsabilidad del estado en los niveles nacional, departamental y más aún desde lo municipal , de aceptar y asumir la responsabilidad constitucional y legal de dar respuesta a los resultados de un conflicto armado interno que nos ha golpeado por más de 60 años; como es de esperar y la historia lo ha demostrado en la guerra siempre hay un vencedor y un perdedor, pero el gran perdedor han sido los colombianos. Pues ninguno de nosotros ha pedido ser víctima, ninguno pidió que nos sacaran de nuestro hogar, nuestra tierra y menos que se nos separara de nuestra familia, pues nadie quiere vivir la zozobra de enterrar un hijo, un padre, un hermano, nuestra pareja, amigos, vecinos etc. O soportar la incertidumbre de no saber dónde está aquel ser amado, si está vivo o muerto, de soportar aquellos hechos que producen estupor, como si fueran sacados de lo inimaginable, pero que muchos desconocemos por miedo, pena o desconocimiento.
No se trata de contar lo contado, ni generar sentimientos fingidos, lo que se quiere es que seamos conscientes de la verdad, de lo vivido y que hagamos todos los esfuerzos para que no se vuelva a repetir, y estemos en la capacidad de frenar a tiempo la tragedia y siempre la resiliencia sea la acción que nos lleve a todos.
En el 2011 el país recibió la Ley 1448 y un conjunto de decretos reglamentarios con fuerza de Ley para poder organizar e intentar actuar con aquella deuda del estado con las víctimas, más allá de querer establecer un proceso administrativo que procure por la protección, atención y reparación a la condición de víctima, es el poder generar las garantías de la participación, organización, reconocimiento y reparación, pues antes del 2011 nunca se percibió una institucionalidad que atienda y responda por las víctimas del conflicto armado.
Desde los municipios la Ley 1448 y la Política Publica de Victimas genero procesos, rutas de atención y gestión, estructura administrativa para la protección, atención y reparación a las víctimas, siendo un proceso nuevo con acciones de mejora constantes, pero poniendo cara, cuerpo y voz a aquellos que no la tienen siendo representados en las diferentes instancias con el objetivo de parar el número de Registro Único de Víctimas RUV, y cumplirle a aquellos que ya los son.
Es casi imposible pretender que este número baje, pues en este momento estamos como en aquel momento más agudo del conflicto, finales de los 90 y comienzos del 2000, donde el número de desplazados duplico las tres últimas décadas, hoy vemos como las masacres, el desplazamiento, las desapariciones, el despojo de tierras, las amenazas suelen ser las noticias diarias en Colombia. Se justifican en ideología política, narcotráfico, terrorismo, desigualdad, falta de oportunidades… seguramente será todo, pero lo peor es la naturalización de los colombianos.
Los culpables no aceptarán la culpa, todos serán jueces desde la conveniencia y las victimas seguirán creciendo, otro 9 de abril muy parecido a los del pasado.
*Administrador Público y Especialista en Desarrollo Social.
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