La detención de los cuatro precandidatos a la presidencia de Nicaragua y dos líderes de la oposición, por parte de la administración de Daniel Ortega, hizo que Estados Unidos reaccionara e impusiera sanciones a cuatro miembros del Gobierno nicaragüense.
Tras conocerse la noticia del Departamento del Tesoro, el exvicecanciller, y líder opositor, José Pallais también fue arrestado.
Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega, y presidenta de la Comisión Nacional de Economía Creativa, ha sido incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) junto a otros tres funcionarios de altos cargos. Edwin Castro, miembro de la comisión electoral y diputado de la Asamblea, Julio Rodríguez, general del Ejército, y Leonardo Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, la acompañan en la medida.
De acuerdo a la OFAC se tomó la decisión debido a que Ortega Murillo, Castro, Rodríguez Balladares y Reyes apoyan al “régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes”.
La directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Andrea M. Gacki, afirmó en un comunicado de prensa que “las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda”.
Asimismo, agregó que “está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, amenazó la funcionaria.
El texto además informó que todas las propiedades e intereses de estas personas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de terceros estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, se bloqueó cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de estos ciudadanos.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos para hacer cualquier transacción financiera.
Estas medidas de castigo ya alcanzan a más de 30 funcionarios del Gobierno de Nicaragua, entre los que se cuentan el propio presidente Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo. Todas las sanciones han sido emitidas en conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, dirigidas a funcionarios del Gobierno de Nicaragua o que han servido desde el 10 de enero de 2007.
Opositores fuera del camino electoral
En la noche del martes 8 de junio de 2021, la Policía de Nicaragua arrestó a Juan Sebastián Chamorro, el cuarto aspirante presidencial detenido en los últimos días. Anteriormente, fueron privados de libertad Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, y Félix Maradiaga.
La Policía Nacional nicaragüense también detuvo, en las últimas horas, a dos opositores al Gobierno: el economista José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y a la dirigente opositora Violeta Granera. El político opositor y exvicecanciller José Pallais, fue el último en sumarse a estas detenciones el día de hoy.
Sobre todos estos adversarios de Ortega penden investigaciones, de persecución y asedio. Según las notas de prensa de la Policía de Nicaragua, los miembros de la oposición han sido arrestados “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Reacciones mundiales
Estos últimos arrestos han incrementado la preocupación mundial. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, expresó estar «muy preocupado por los recientes arrestos y detenciones, y por la invalidación de candidaturas de líderes de la oposición en Nicaragua».
Por otra parte, el Gobierno de España levantó la voz exigiendo la «liberación inmediata» de los precandidatos a las elecciones presidenciales de Nicaragua, detenidos, encarcelados o retenidos, y exigió que acabe la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes».
El día de ayer Julie Chung, la subsecretaria interina de Estado de Estados Unidos, llamó «dictador» a Daniel Ortega, una vez se confirmó la tercera detención del pre candidato, Félix Maradiaga, y pidió a la comunidad internacional tratarlo como tal.
