La resolución 215 del BCC, que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, regula «el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales, así como el otorgamiento de licencias a proveedores» de estos servicios en «operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos» en el territorio cubano o desde él.
La nueva normativa subraya que el BCC podrá autorizar el uso de criptomonedas «por razones de interés socioeconómico».
Sin embargo, deja claro que «las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales, para realizar operaciones monetariomercantiles, y de canje y recanje», cuando así lo autorice el Banco Central de Cuba.
En mayo pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que su gobierno analizaba «la conveniencia» del uso de las criptomonedas en las operaciones económicas del país, cuyo PIB se desplomó un 11% en 2020 debido al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos y el impacto de la pandemia del Covid-19.
El BCC advierte que las operaciones con estos activos virtuales implican «riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera, debido a la alta volatilidad que los caracteriza y llevarse a cabo en redes de datos en el ciberespacio, por lo general descentralizadas, sin que exista control de emisión, regulación» y «supervisión oficial».
Según cálculos extraoficiales, en la isla existe una comunidad de 10.000 cubanos que usan bitcóins, una de las criptomonedas más extendidas en el país.
Con las restricciones de viaje por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones económicas aplicadas por Washington, cada vez se complica más el envío de remesas familiares, por lo que muchos cubanos apelan a las criptomonedas para garantizar que el dinero llegue a sus parientes en la isla.
