Las autoridades nicaragüenses detuvieron a más de 50 opositores y críticos del Gobierno de Daniel Ortega. Entre ellos, se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, acusados de propagar noticias falsas e ir en contra de la integridad nacional. Las detenciones fueron calificadas de irregulares por parte de la población en un contexto de represión creciente en el país.
Al menos 57 personas fueron detenidas en sus casas durante una redada nocturna ejecutada por la Policía Nacional en los diferentes municipios de Nicaragua, como informó la organización Monitoreo Azul y Blanco.
Posteriormente, más de la mitad de ellos fueron liberadas pero obligadas a aceptar un régimen de casa por cárcel. Deben presentarse de forma periódica en una delegación policial o ante un juez.
La mayoría de los detenidos eran periodistas, activistas, opositores y defensores de derechos humanos. Se encuentran por ejemplo los periodistas William Aragón y Óscar Vallecillo, según una lista divulgada por el portal digital Despacho 505.
También están los dirigentes campesinos Octavio Ortega y Teresa Mena; Maricruz Bermúdez, madre de uno de los jóvenes asesinados en el marco de las protestas que estallaron en Nicaragua hace 5 años; la abogada opositora Daniela Argüello Cano; y el activista de derechos humanos Harold Antonio González.
Según la abogada Yonarqui Martínez, defensora de opositores, los detenidos fueron acusados de los delitos de conspiración en contra de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como «traición a la patria».
Irregularidades en las detenciones
La redada se produjo en la noche del miércoles al jueves y fue denunciada de política por las familias de los detenidos y organizaciones de derechos humanos.
Según Martínez, los agentes policiales les mostraron a la mayoría de los detenidos publicaciones en sus redes sociales gracias a las cuales les acusaron de conspiración y propagación de noticias falsas.
Martínez recibió más de una decena de denuncias de esos arrestos ya que se reportaron múltiples irregularidades.
«Que los detenidos fueran trasladados en horas de la madrugada ante un juez y se hiciera una audiencia masiva es algo que jamás hemos visto en la historia de Nicaragua», explicó la abogada.
Los detenidos tampoco pudieron apoyarse de un abogado de su elección.
Fueron «acusados falsamente, se les prohibió el derecho a una defensa, (fueron) sustraídos de un juez natural”, denunció.
«Es una completa aberración jurídica», agregó Martínez, quien subrayó que observó que «no han sido liberados», sino que gozan de una «medida cautelar de presentación periódica».
Represión creciente por parte de Ortega
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a protestar en contra de unas polémicas reformas de seguridad social y posteriormente pidiendo la renuncia del presidente Ortega. En este momento, el Gobierno respondió con la fuerza. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), murieron al menos 355 personas.
Desde el 7 de noviembre de 2021 y la reelección de Ortega para un quinto mandato, junto a su esposa como vicepresidenta, la situación de los derechos humanos ha empeorado en el país. El presidente envía a menuda a sus opositores a la cárcel o al exilio y cerró masivamente las oenegés implementadas en el país, entre varias otras medidas.
En marzo, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) detalló las acciones del Gobierno desde las masivas protestas de 2018 y lo acusó de “crímenes de lesa humanidad”.
“Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población”, afirmó el jefe del equipo investigador, Jan Simon.
