La mañana del miércoles tres de julio, la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo condenatorio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La sanción de seis meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos también incluye una multa de $104 millones.
Quintero, quien desde su posesión en el cargo se mostró desafiante con las entidades de control, fue hallado responsable a título de dolo de los cargos que se le formularon, luego de que apareciera en redes sociales impulsando la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Concretamente, Daniel Quintero aparece en un video conduciendo un automóvil mientras emite la frase: “el Cambio en primera”, lema directamente relacionado con el ejercicio proselitista de Petro y una clara invitación a votar por este proyecto político.
Dentro del acervo probatorio tenido en cuenta durante el proceso sancionatorio, se encuentra una foto durante la consulta interpartidista donde el exalcalde hace alusión expresa a los candidatos del Pacto Histórico.
Las actitudes de Quintero permitieron a la Procuraduría concluir que Quintero, a sabiendas de lo que se enfrentaba, es decir, conociendo las sanciones a las que se exponía, utilizó su cargo para participar en política, concretamente, en favor de Gustavo Petro y Francia Márquez, personajes que se midieron en la consulta interpartidista y luego fueron candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.
De acuerdo con Luis Fernando Casas Farfán, procurador que llevó a cabo el proceso, Quintero “resquebrajó el equilibrio electoral y democrático”, ya que, en pleno debate “elaboró contenidos que mostraban afinidad por una coalición política en particular”.
Por su parte, la defensa del sancionado exalcalde, tras conocer la decisión de primera instancia, informó que presentaría un recurso de apelación, al tiempo que cuestiona la facultad de la Procuraduría para suprimir los derechos políticos de mandatarios electos popularmente.
Finalmente, señalaron que la lectura de la situación es abiertamente arbitraria, ya que, los trinos que se tienen como prueba no fueron posteados desde la cuenta oficial de la Alcaldía de Medellín, por lo que el impacto o daño aludido por la Procuraduría, no existe.
Contrario a esta idea, que el ente de control no solo se sostiene en su competencia para sancionar, sino que, también se mantiene firme en la idea que con disciplinar servidores elegidos popularmente “no se viola el poder popular”.
APN Noticias
