El hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga entre el 2016 hasta su posterior renuncia en 2019. Su gobierno estuvo repleto de cuestionamientos y posibles irregularidades, que en la actualidad se investigan en la Procuraduría y la Fiscalía.
Su Administración ha sido considerada una de las más ineficientes de los últimos 20 años. De hecho, sus principales propuestas electorales fueron incumplidas durante su gobierno, entre ellas la de los ‘20 mil Hogares Felices’ y de la que él mismo manifestó que solo había sido una estrategia para ganar las elecciones.
En la actualidad, Hernández tiene a sus espaldas -entre otros- un proceso penal por corrupción y por lo cual ha sido llamado a juicio. En la Procuraduría cursan 26 investigaciones disciplinarias en su contra, de las cuales tres han sido falladas en su contra, dos de ellas en segunda instancia.
Producto de la ineficiencia de su Administración y la negligencia de algunos de sus funcionarios, la Contraloría de Bucaramanga puso en evidencia como en 2018 se embolataron 11 mil millones de pesos de las Estampillas Pro-Anciano y ProCultura, producto de un extraño silencio administrativo que generó un daño patrimonial, perjudicando notoriamente las arcas municipales.
Liquidación oficial de Aforo
Tuvieron que pasar tres años y tres meses para que se conociera como la Alcaldía de Bucaramanga dejó de recibir $11 mil millones por conceptos de las liquidaciones de los tributos de las estampillas de ProCultura y ProAnciano por parte de las sociedades concesionarias de Metrolínea, Movilizamos S.A, y Metrocinco Plus S.A.
A criterio de la Contraloría de Bucaramanga, esta situación generó un daño patrimonial al Estado con lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna.
Según los resultados de una auditoría especial, en 2018, la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga realizó la liquidación del pago que debían hacer las dos empresas concesionarias por concepto de pago dichas estampillas, cuando se suscriban contratos con el municipio o sus entidades descentralizadas.
En el caso de Movilizamos S.A., la Secretaría de Hacienda expidió el Acto Administrativo 1883 del 9 de octubre 2018, mediante el cual, se practica y configura la liquidación oficial de Aforo, por la suma de 4 mil 626 millones 880 mil pesos, valores que corresponden al gravamen surgido en el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2010 y el 19 de febrero de 2017, el cual se notificó el día 18 de octubre de 2018, según guía de Servicios Postales Nacionales YG206576919CO.
Con respecto a Metrocinco Plus S.A., la Secretaría de Hacienda expidió la Resolución 1885 del 09 de octubre de 2018, por $6 mil 742 millones 712mil 492 pesos, gravamen generado entre el 11 de octubre de 2010 y el 19 de febrero de 2017.
Ineficiencia y negligencia
Tanto Movilizamos como Metrocinco Plus no estuvieron de acuerdo con los montos liquidados y ante esta situación, ambas interpusieron recursos de reconsideración. Para resolver este recurso, la Alcaldía de Bucaramanga tenía un año como plazo.
Las concesionarias, a través de Nicanor Moya Carrillo en calidad de agente oficioso de ambas empresas, interpusieron recursos de reconsideración contra dicha liquidación oficial de aforo el 18 de diciembre de 2018.
Según advierte la auditoría ordenada por la Contraloría de Bucaramanga, el 26 de noviembre de 2019, la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga profirió las Resoluciones 3922 y 3923, mediante las cuales resolvió ambos recursos, señalando que la Administración Municipal no accedió a sus pretensiones.
Dice el texto de la auditoría: Los contratistas interpusieron los recursos de reconsideración el 18 de diciembre de 2018 y la Administración Municipal resolvió los mismos mediante Resoluciones 3922 y 3923 el día 26 de noviembre de 2019, las que se comunicaron mediante oficios impuestos según sistema de la entidad Servicios Postales Nacionales, el día 5 y 9 de diciembre de 2019, respectivamente, con guía YG247352589CO (Movilizamos S.A), siendo entregado y recibido por el destinatario el día 12 de diciembre de 2019, y guía para la empresa Metrocinco Plus, YG247352575CO el día 09 de diciembre 2019.
Si bien es cierto que efectivamente fueron recibidas por parte de los contratistas las comunicaciones anteriores, sin lograrse las notificaciones personales, se procedió a la notificación mediante edictos Nos. 13 y 14, fijados por el termino de 10 días, a partir del 20 de diciembre de 2019, hasta el 8 de enero de 2020, cobrando ejecutoria dichos actos administrativos el día 9 de enero 2020, con posterior constancia de ejecutoria de fecha 22 de enero de 2020.
Para el ente de control, si bien los recursos fueron resueltos el 26 de noviembre de 2019, dentro del año que señala la precitada norma, las comunicaciones de las decisiones se materializan al ser recibidas el 9 y 12 de diciembre 2019, solo fueron ejecutoriadas el 9 de enero de 2020, por fuera del término de tiempo.
Silencio administrativo positivo
Debido a que las notificaciones de los respectivos recursos fueron ejecutoriadas por fuera del término de tiempo, las concesionarias de Metrolínea constituyeron un ‘silencio administrativo positivo’ en el 2020 y en el año 2021 la Tesorería de Bucaramanga emitió un acto administrativo devolviendo estos dineros.
Según la auditoría, el apoderado de las sociedades ya mencionadas a través del escrito radicado interno 202011324654 del 23 de noviembre de 2020, presentó la declaración juramentada solicitada y protocolizada en la forma señalada en la Ley 1437 de 2011, presentando la escritura 2579 del 13 de noviembre de 2020 de la Notaría 39 de Bogotá a través de la cual protocoliza el silencio administrativo positivo a favor de Movilizamos y la escritura 2580 del 13 de noviembre de 2020 de la Notaría 39 de Bogotá a través de la cual protocoliza el silencio administrativo positivo a favor de la sociedad Metrocinco Plus.
El día 23 de febrero de 2021 a través de oficios S-TG82-2021 y S-TG80-2021 la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, realiza las devoluciones de las resoluciones 1883 del 9 de octubre de 2018 y resolución 1885 del 9 de octubre de 2018, por considerar que se configuró el silencio administrativo positivo en cuanto a los recursos interpuestos en contra de estas resoluciones, por lo que no adelantará el proceso de cobro coactivo respecto a estos actos administrativos a fin de no incurrir en nulidad alguna en tal proceso.
Hallazgos administrativo, fiscal y penal
Para el ente de control fiscal territorial, al ejecutarse actuaciones proferidas no ajustadas dentro de los términos normativamente señalados, para adelantar los diferentes temas de intervención funcional, queda en evidencia que la Administración Municipal de Rodolfo Hernández, no contemplaron un análisis detallado de las normas aplicables para la materia dentro del desarrollo del recaudo en su etapa persuasiva previa a la coactiva.
La auditoría deja en claro que existió un daño patrimonial por la disminución de los recursos dejados de recibir, y, por el cual debe responder la Alcaldía de Bucaramanga por valor de 11 mil 369 millones 592 mil 552 pesos que corresponden a los recursos dejados de recibir por conceptos de las liquidaciones de los tributos de las estampillas de ProCultura y ProAnciano.
La Contraloría confirmó que el hallazgo disciplinario ya fue trasladado por competencia a la Procuraduría General de la Nación.
