La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano y a la entonces secretaria de Desarrollo Económico y Social, Jenny Ruidiaz Muñoz, por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio de cooperación con la Fundación para el Desarrollo Social Colombiano (Fundesocol) por valor de $348.874.400 millones.
El Ministerio Público investiga las presuntas inconsistencias en los registros de asistencia de menores supuestamente beneficiarios del contrato suscrito para fortalecer la historia y la identidad cultural a través de la pintura, música, cuentería, folclor y la fotografía.
“Presuntamente entre los 840 inscritos figura un grupo que no asistió a los talleres, sus números telefónicos no se encontrarían activos, y sus direcciones de residencia no existirían o no los conocen donde supuestamente viven”, dijo el Ministerio Público.
Destaca el ente de control disciplinario que, entre los meses de abril y junio de 2016, el entonces alcalde habría incurrido en irregularidades relacionadas con la falta de vigilancia y control a la secretaria de Desarrollo Económico y Social, quien como delegataria de la contratación debía presentar informes trimestrales de las actuaciones adelantadas.
Echeverri Serrano presuntamente vulneró el inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 al artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que establece que “en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.
La otra implicada
A la secretaria de Desarrollo, la Procuraduría le reprochó en primer lugar, por presuntamente actuar en provecho de un tercero en la adjudicación del convenio de cooperación, al establecer el valor del contrato y los aportes de la alcaldía y Fundesocol en los estudios previos.
“Con esta actuación la investigada habría direccionado la adjudicación de manera anticipada, pues en esta etapa no podía saberse ni conocerse qué fundación sería seleccionada como cooperante, lo que se presume habría conllevado a que las fundaciones Fempiac y Servisocial, presentaran sus propuestas como comodines”, explicó el ente disciplinario.
En un segundo cargo se investiga a Ruidiaz Muñoz porque, al parecer, se habría apropiado en provecho de un tercero, de dineros del convenio de cooperación que le fue encomendado con ocasión de sus funciones como supervisora.
La investigada habría podido incumplir, entre otras normas, el artículo 409 de la Ley 599 de 2000 que determina que “el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión (…)”.
En esta etapa procesal la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja calificó las faltas de los investigados como grave a título de culpa grave y gravísimas a título de dolo.
