El reciente decreto de conmoción interior declarado por el gobierno nacional debido a la situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, ha encendido alarmas en diversos sectores, especialmente en la minería. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Mineros (ACM), expresó su preocupación sobre las implicaciones que esta medida tendría para el sector minero en la región y en el país.
Nariño subrayó que, aunque el decreto de conmoción interior pretende ser una respuesta excepcional a situaciones imprevistas, en este caso refleja una falta de previsión y rigor en la administración pública. “Nuevamente, recibimos una enorme incertidumbre y es que, en estos decretos de conmoción, la Constitución lo que advierte es un estado excepcional, inadvertido, imprevisto, pero en este caso es una nueva falta de rigor en la administración pública”, afirmó.
Falta de previsión estatal
El líder gremial no ocultó su frustración ante la falta de anticipación por parte del gobierno para abordar la creciente situación de violencia y control territorial que afecta al Catatumbo. Según Nariño, las advertencias sobre el deterioro de la seguridad en la región han sido constantes durante los últimos dos años. “La pregunta es por qué no se atendió este riesgo, por qué no se administraron los riesgos con los recursos que tiene el Estado con la debida anticipación”, cuestionó. Para él, el recurso a la conmoción interior resulta ser una solución tardía, cuando los hechos ya eran previsibles.
La crítica de la ACM se centra también en el impacto que la medida tendrá sobre las comunidades y la industria minera de la región. De acuerdo con el gremio, los hechos de violencia que motivaron la declaratoria de conmoción no son en absoluto imprevisibles, ya que se ha advertido insistentemente sobre el deterioro del orden público en la región. “Hemos venido advirtiendo insistentemente sobre el deterioro del orden público, la pérdida de control territorial y el avance de grupos ilegales”, añadió Nariño.
El Catatumbo, uno de los puntos clave para la puesta en vigor de la política de ‘Paz Total’, ha sido testigo de un aumento en la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha afectado no solo la seguridad de las familias, sino también el desarrollo económico, particularmente en el sector minero. Nariño destacó que, a pesar de las alertas, no se articuló un plan de monitoreo ni se tomaron medidas preventivas a tiempo para evitar la escalada de violencia en la región.
Decreto para corregir ineficiencia del gobierno
Por otro lado, el presidente de la ACM también cuestionó el uso de la figura constitucional de la conmoción interior como un medio para corregir las deficiencias en la gestión del Estado. “Esta figura constitucional no puede convertirse en una herramienta para corregir la falta de previsión, las deficiencias en la gestión y administración del Estado, ni en un ‘fast track’ para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso”, argumentó.
Para Nariño, la solución no está en medidas excepcionales, sino en una estrategia de seguridad sólida y sostenible que aborde los problemas estructurales de la región. El sector minero, que representa una fuente crucial de empleo y desarrollo para muchas familias en el Catatumbo, depende de una estabilidad social y de seguridad que permita operar sin los constantes riesgos que plantea el avance de grupos armados ilegales.
Replantear medidas
Ante esta situación, el presidente de la ACM hizo un llamado al gobierno nacional para replantear las decisiones tomadas y diseñar una estrategia de seguridad que garantice la paz y el progreso en la región, a la vez que se protejan los intereses de las comunidades y del sector productivo.
El sector minero del Catatumbo y de otras zonas afectadas por el conflicto aguardan respuestas claras y una acción efectiva que les permita operar con seguridad y contribuir al desarrollo del país, sin ser vulnerables a las fluctuaciones de la violencia y la incertidumbre política.
APN Noticias
