El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado de atención a las entidades gubernamentales del orden regional y nacional luego de que el 2022 se consolidara como el año de más acciones jurídicas adelantadas por la Entidad para enfrentar las vulneraciones a los derechos de las comunidades en el departamento del Guaviare, especialmente los pueblos indígenas Jiw y Nükak.
“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el rechazo a todo hecho que atente contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, particularmente de niños, niñas y adolescentes, toda vez que son sujetos de especial protección constitucional para lo cual todas las entidades del Estado colombiano deben aunar esfuerzos y mostrar un compromiso real que evite la vulneración de sus derechos”, aseguró Carlos Camargo.
Durante todo el 2022, desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo adelantó más 300 acciones, particularmente por la vulneración de los derechos a la salud, para el retorno o reubicación de comunidades y medidas de protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados, entre otros.
Así mismo, a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo ha venido brindando apoyo, asesoría y representación judicial y extrajudicial a 256 sujetos de especial protección constitucional, entre los que se destaca el acompañamiento al 100% de los casos de violencia contra la integridad sexual en el departamento.
“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención. Por esta razón, un equipo nacional de las Delegadas para la Niñez y para la Mujer ha venido adelantado esta semana una labor especial de verificación de la situación actual de niños y niñas en esa región del país”, aseguró Carlos Camargo.
Los resultados del trabajo adelantado por el equipo de la Defensoría del Pueblo estarán en un informe especial que será presentado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, para buscar la garantía de los derechos de la población en ese departamento.
“Nuevamente instamos a las instituciones llamadas a garantizar los derechos de esta población, particularmente a la Gobernación del Guaviare, a la alcaldía de San José del Guaviare, a la Unidad para las Víctimas, al ICBF, a la Agencia Nacional de Tierras y a los ministerios de Educación, Salud y Defensa, entre otros, para que de manera urgente y sin dilaciones actúen para el restablecimiento de los derechos, en especial a la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual, y así asegurar de esta manera la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de igual forma con los pueblos Sikuani, Tucano y Karijona, incluidos en las órdenes del Auto 004 de enero de 2009.
