La Dirección de Comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander informó que se cumplió el objetivo del conversatorio: “Arbitraje internacional de protección a las inversiones y protección de la naturaleza», organizado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Se explicó en el documento de la UIS que el tema del conversatorio se centró en el análisis del caso de la empresa canadiense Eco Oro en su litigio con la Nación colombiana por sucesos alrededor de la explotación minera en el páramo de Santurbán. Para ello, los expertos invitados expusieron sus argumentos sobre la demanda de Eco Oro al Estado colombiano por la prohibición legal de desarrollar allí sus actividades mineras y el fallo del Tribunal de Arbitramento.
La abogada Carla García Zendejas, del Center for Environmental Law – CIEL, explicó cómo fue el proceso en que la empresa Eco Oro busca una inversión para desarrollar un proyecto como el de Santurbán y se vale de argucias al presentarlo como de prefactibilidad para conseguir recursos del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Luego, cómo esto legitima el proyecto, a pesar de saber que ya hay una demanda del Gobierno. La conclusión de la abogada García Zendejas es que “este tipo de arbitrajes son muy costosos y son una apuesta por lo que yo pueda ganar como resultado de un arbitraje internacional, que en este caso es por setecientos y tantos millones de dólares”.
El abogado Stuart Trew, de la organización Canadian Center for Policy Alternatives-CCPA, destacó las supuestas violaciones que se dieron por Colombia alegadas por la compañía, basadas en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, en las cláusulas de expropiación, trato justo y equitativo y regulación ambiental. Dijo que el Tribunal de Arbitramento conceptuó que esta fue una expropiación indirecta sin compensación a la compañía y que, si bien las medidas del Gobierno colombiano fueron legítimas para proteger el ecosistema, fracasó en la delimitación del páramo de Santurbán y en tener una regulación ambiental predecible. “Las decisiones del Gobierno fueron caóticas y esto llevó a la arbitrariedad y a un trato injusto e inequitativo».
Jamie Kneen, de Mining Watch Canada, señaló que “tenemos gobiernos que apoyan y permiten actividad y exploración minera, concesiones, permisos, a pesar de que ya sabían que era un lugar especial y un recurso hídrico importante para la zona. Es decir, gobernantes que tratan de jugar en ambos lados de la cancha a la vez. Lo que se está viendo es la falta de coherencia y niveles de corrupción, por la poca confianza que se puede tener en las promesas del Gobierno”.
Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies-IPS, mostró un impactante estudio con datos y cifras sobre las demandas de las empresas de industrias extractivas en el mundo y cómo la mayoría son ganados por las compañías, ya que solo el 18% se falla a favor de los gobiernos. Uno de los cuadros contiene las 9 demandas a Colombia por industrias extractivas en los últimos cinco años, una de ellas la de Eco Oro por US$764 millones. Finalmente, en otro cuadro muestra y demuestra que el modelo neocolonialista existe en las industrias extractivistas, donde los países demandados en su mayoría son de América Latina y el Caribe.
Sebastián Salazar Castillo, profesor de la Universidad Nacional y árbitro internacional de litigios, presentó el arbitraje desde el punto de vista académico. Lo citó como un mecanismo de solución de controversias entre ciudadanos y entre los estados y particulares, en el cual las partes aceptan voluntariamente resolver unas controversias de acuerdo con unas reglas, como el debido proceso, la defensa, entre otras, mientras que son terceros los que resuelven las controversias. Dijo que el arbitraje es más rápido, supone un costo y sobre todo son más flexibles para la resolución de las controversias.
Miguel Francisco Contreras Landinez, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS, quien actuó como moderador, explicó los dos argumentos de fondo que se presentaron en la demanda de Eco Oro: el primero, que el Estado colombiano hizo una expropiación indirecta del proyecto al delimitar el ecosistema de páramo en Santurbán y al dejarlo por dentro quedó la prohibición legal para desarrollar actividades mineras; segundo, que el Estado le proporcionó un trato injusto e inequitativo a la empresa, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, en el artículo que menciona que el Estado no puede ejecutar ninguna actividad discriminatoria contra una empresa canadiense que invierta dinero en Colombia, so pena de recibir sanciones.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que estaba representando el caso a nombre de Colombia, emitió un comunicado diciendo que la Nación había ganado la demanda por esa parte. Pero en el segundo argumento sobre el trato injusto e inequitativo, el Tribunal le dio la razón a la empresa Eco Oro entre otros motivos, porque todavía no hay una delimitación del páramo de Santurbán, lo que causa incertidumbre.
El profesor Contreras Landinez, explicó que el fallo tiene 400 páginas y está escrito totalmente en inglés. Sin embargo, lo clave allí es que el 7 de octubre próximo se cumple el plazo máximo que tienen las partes para presentar las pruebas sobre la indemnización por los perjuicios ocasionados.
